La modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO), que permite a Disa instalar una gasolinera en la rotonda de Siete Palmas de acceso al cementerio de San Lázaro gracias a la recalificación de una parcela que le ha cedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, va camino de los tribunales de la mano de un empresario del sector al que se le ha negado la posibilidad de montar otra estación de servicio en la misma zona. El propietario de Pedruzcos Oil SL, una empresa que explota ocho gasolineras en la provincia de Las Palmas, ha denunciado ya al Ayuntamiento ante el juez por denegarle la licencia para explotar un surtidor en un solar de Siete Palmas, situado justo al lado del que se le ha recalificado a Disa para su surtidor.
Además, ha iniciado otro contencioso contra el inicio, a finales de 2019, de la modificación puntual del Plan General de Ordenación en la zona en las inmediaciones del cementerio de San Lázaro (ámbito del Sistema General SG 14- San Lázaro). El cambio consiste en recalificar como urbana la parcela donde Disa quiere instalar la gasolinera. La revisión del PGO establece al mismo tiempo que la parcela que Pedruzcos compró en 2018 para poner un surtidor pasa a ser de uso dotacional y será expropiada para crear una aparcamiento. El Ayuntamiento reserva, según informó la pasada semana el concejal de Urbanismo Javier Doreste, cerca de 600.000 euros para pagarle a Pedruzcos por la parcela de 6.600 metros cuadrados.
La modificación se justifica, desde el gobierno municipal, por la necesidad de compensar a Disa por el cierre de la gasolinera situada al lado del cementerio de Vegueta, un convenio que se firmó en marzo de 2015. En 2018 se introdujo una adenda al convenio, por la que se sustituía la parcela que se le iba a dar inicialmente a Disa en la calle Alicante (Vega de San José), por la parcela de Siete Palmas.
La comisión de pleno de Desarrollo Sostenible dio vía libre la pasada semana a la aprobación inicial de la modificación, que también será recurrida, advirtió Pedruzcos, que prepara también una denuncia por la vía penal. Asegura que todo el procedimiento, desde el contenido del convenio firmado con Disa hasta la reforma del planeamiento incurre en «varios vicios de nulidad».
El suelo de Preduzcos Oil será expropiado para construir un aparcamiento
En opinión del gasolinero, «el trasfondo de toda esta modificación radica en que desde Planeamiento se ha movido todo para quitarnos a nosotros de en medio. Podía haberle dado esa parcela a Disa y autorizarnos la nuestra. No hay ningún motivo de interés general para expropiarnos a nosotros. El único interés es evitar que Disa tenga competencia en esa zona. Si el Ayuntamiento entiende que tiene que darle la parcela a Disa, que se la de, pero lo que no puede hacer es quitarme lo mío. Aunque me pagaran tres millones por expropiarme esos terrenos, lo que están haciendo es escandaloso porque va en perjuicio del patrimonio público».
Cambio de uso
El dueño de Pedruzcos, que prefiere que no salga su nombre, asegura que compró en 2018 la parcela que inicialmente perteneció a Inmobiliaria Betancor y, tras su quiebra, pasó a manos de un banco. «Mi parcela, que linda con la que le van a dar a Disa, tiene un montón de usos, desde equipamientos en todas sus categorías, oficinas y comercial, etc., pese a que está en medio de suelo rústico, en virtud de un convenio firmado en su día por Inmobiliaria Betancor y el Ayuntamiento. Nosotros compramos esa parcela con todos esos usos. Y pedimos la licencia. El Ayuntamiento no nos respondió en practicamente dos años y, de repente, inició una modificación puntual a toda prisa para quitarnos a nosotros de en medio y convertir nuestra parcela en un aparcamiento. Se nos quedó cara de tontos».
Como el Ayuntamiento no contestaba, añade, «presentamos una demanda por supuesta denegación de licencia. Y finalmente, nos la denegaron argumentando que había una gasolinera, la de Hipercor, a menos de 500 metros». Ese límite se establece sólo en suelo rústico y desaparece ahora con la recalificación, porque pasa a ser urbano.
Pedruzcos Oil ha presentado también una demanda en el juzgado contra el convenio con Disa. La empresa considera que «sólo con las recalificaciones en cuanto a edificabilidad y cambios de usos que le ha autorizado el Ayuntamiento, Disa ha obtenido un beneficio de 3,6 millones. A eso se añade ahora la cesión de la parcela de San Lázaro, que supone 1,6 millones más. Y todo ello, sin que Disa haya cedido nada, porque aún no ha entregado ni el vial ni el espacio libre», que implicaba el cierre de la gasolinera junto al cementerio de Vegueta, la cuestión que se planteó como la causa del convenio.
Según lo establecido en el convenio que se comenzó a negociar en 2013 entre la compañía petrolífera y el Ayuntamiento, Disa se obligaba a ceder al Ayuntamiento el 71% de la parcela de 1.805 metros cuadrados para un vial y espacio libre (961 metros cuadrados), al lado del cementerio de Vegueta, donde sigue funcionando hoy en día la gasolinera con la enseña de la Shell. El Ayuntamiento planteó en aquel momento la necesidad de expropiar dicho espacio para conectar la calle Eufemiano Jurado con Alcalde Díaz Saavedra, mediante la prolongación de la calle Luis Fajardo Ferrer. En el convenio se justifica la permuta ante la «urgencia» del Ayuntamiento por agilizar el tráfico de la zona ante la apertura de la Ciudad de la Justicia.
Disa se quedó con el resto de la parcela de Alcalde Díaz Saavedra (unos 624 metros cuadrados), donde puede construir un edificio de cuatro plantas de altura. Este solar se valoró en 1,52 millones con los nuevos aprovechamientos.
Expropiación
Además, el consistorio concedió a Disa el cambio de uso a terciario del suelo de la estación de servicio de la calle Eufemiano Jurado, que se quedará reducida a un surtidor y podrá construir un edificio de oficinas, justo al lado de la Ciudad de la Justicia.
La tercera pata del convenio es la cesión en propiedad a la empresa petrolífera de la gasolinera de Obispo Romo, cerca del mercado de Altavista, valorada en aquel momento en 938.909, 13 euros.
El empresario lleva al juez la modificación del PGO, al creer que «sólo buscar beneficiar a Disa»
Finalmente, se acuerda la cesión de una parcela en la calle Alicante, número 10, valorada en 1,6 millones. El justiprecio de esta expropiación de mutuo acuerdo se cifró en 3,1 millones de euros, por lo que Disa se comprometió a entregar al Ayuntamiento 876. 586 euros, como «compensación» por los aprovechamientos que obtuvo con la operación.
Sin embargo, la parcela de la calle Alicante se descartó durante el anterior mandato, según indicó el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, por la oposición de los vecinos. Fue en ese momento cuando se planteó entregar a la compañía a cambio una parcela en Siete Palmas.
Según los cálculos de Preduzcos Oil, todas estas recalificaciones se traducen en «una edificabilidad neta de 12.462 metros cuadrados, que equivalen a 3,6 millones de euros». Disa, considera, «ya está suficientemente compensada con lo que ha obtenido por los aprovechamientos y la propiedad de la gasolinera de Obispo Romo, sobre todo, teniendo en cuenta que ese nuevo vial que justifica el convenio se lo tenía que haber dado gratuitamente al Ayuntamiento porque formaba parte de una unidad de actuación. La de San Lázaro es la tercera parcela que el Ayuntamiento le da a Disa. Las otras dos están en Jinámar y Los Alisios. El empresario se pregunta por qué a estas alturas «Disa aún no ha entregado ni un centímetro del vial que tenía que haber entregado a cambio de las recalificaciones y cesiones».
