Tras seis años de denuncias vecinales, este viernes se procedió al desalojo de la antigua comisaría de la calle Doctor Miguel Rosas por parte de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de Policía Nacional y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SIES), atendiendo al visto bueno otorgado por la autoridad judicial para proceder al lanzamiento solicitado por el propietario, el denominado ‘banco malo’, la Sareb. Posteriormente, se tapiaron ventanas y entradas para evitar otras ocupaciones en el futuro.
Antes de validar el lanzamiento, el juzgado de Primera Instancia número 14 de Las Palmas de Gran Canaria requirió, según consta en un auto de 18 de febrero, en hasta tres ocasiones al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino que trasladara un informe sobre la situación que se vivía en el interior de la antigua comisaría de la Policía Nacional, a mitad de camino entre el parque de Santa Catalina y la playa de Las Canteras. Lo hizo en una primera petición el 2 de noviembre de 2021 y, al no obtener respuesta, el requerimiento se volvió a plantear con fecha 25 de enero y 16 de febrero de 2022, día este último en el que el Consistorio presentó dicho estudio.
En el mismo, remitido por un arquitecto municipal y ratificado posteriormente por un informe de la Policía Local, se explicaba que el inmueble «no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, careciendo de las más elementales condiciones de higiene, seguridad y salubridad». Asimismo, la autoridad judicial señaló en el escrito que existen «indicios racionales de que la vivienda se está utilizando para la realización de actividades ilícitas». Por ambos motivos, denegó la suspensión del lanzamiento solicitada por la situación de vulnerabilidad económica en la que, supuestamente, se podían encontrar quienes ocupaban el edificio.
Según el informe de Servicios Sociales, cuyas conclusiones recoge el auto judicial, «el inmueble es conocido como punto de venta de drogas, repetidos episodios de conflictividad entre los ocupantes con violencia verbal y física». Además, la Policía Local, en otro estudio solicitado por la autoridad judicial, también reconoció haber encontrado una motocicleta cuya sustracción había sido denunciada en el interior del edificio, al tiempo que constató todo lo dicho por el departamento municipal en cuanto a drogas y reyertas en el lugar.
Tras tabicar el edificio, la Sareb va a realizar inspecciones para poder tomar las decisiones oportunas
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, en labores de Policía Judicial, llevó a cabo desde las 9.30 horas de este viernes el desalojo de la antigua comisaría. En esta actuación participaron cerca de 20 policías locales del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA), del grupo adscrito de la Policía Judicial y del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, según detalló el Consistorio. En cuanto a los efectivos de la Policía Nacional, formaron parte del dispositivo un grupo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como agentes de extranjería, por si había algún incidente con inmigración; judicial, por si aparecía algún objeto robado -como así fue-, y de medios aéreos, que controlaron la operación a vista de dron.
El Ayuntamiento de la capital aseguró que la Policía Local ha estado trabajando durante los últimos meses con diversas actuaciones para identificar a los moradores, el inicio de los expedientes de inhabitabilidad e insalubridad, así como la elaboración de los informes pertinentes, que han sido derivados a la autoridad judicial con el objetivo de agilizar la orden de lanzamiento.
Tras el desalojo, la propiedad del inmueble procederá a ejecutar la limpieza y desinfección de todo el espacio, así como a establecer vigilancia hasta que se ejecute el tapiado, que comenzó a realizarse ayer. Según la Sareb, actual propietaria, han iniciado un proceso para «asegurar» el edificio tabicando el perímetro para evitar que nadie pueda volver a entrar. «Los siguientes pasos tendrán que ver con la realización de inspecciones para ver en qué estado se encuentra el edificio», explicaron fuentes consultadas. Una vez comprueben su situación real, procederán a tomar las decisiones oportunas.
Según indicaron los vecinos, se va a tapiar la puerta, las dos ventanas de la fachada principal, para luego poner verjas anti ocupación e instalar dos alarmas, por lo que si alguien se mete otra vez dentro, le pueden sacar «automáticamente» al saltar la alarma. Además, reforzarán la presencia policial, por lo que les llamaron a estar tranquilos. En un comunicado difundido a los medios de comunicación, los residentes afectados de la calle Doctor Miguel Rosas, que llevan desde 2016 padeciendo a los okupas en la antigua comisaría, se mostraron «contentos» al ver que se vislumbra «el fin de esta pesadilla», pero recordaron que la misma «ha durado demasiado». «Seguimos sin entender cómo esta situación ha durado tanto tiempo, y cómo es posible que el Consistorio no actuase judicialmente en este proceso e ignorase sistemáticamente nuestras quejas durante tanto tiempo», denunciaron para luego añadir que, sea cual sea la decisión que van a tomar con el inmueble, quieren participar en el proceso de futuro de su entorno.
