La población de Tafira ha llegado a su límite. Tras dos años convulsos, sus residentes reclaman a las administraciones soluciones para frenar la inseguridad y falta de convivencia que dicen sentir en las calles y zonas libres, con peleas, vandalismo, robos y consumo de sustancias estupefacientes. Señalan a los 13 centros tutelados de menores que hay en la zona y han llevado un extenso escrito firmado por hasta 2.300 vecinos y vecinas a la Fiscalía para que investigue los hechos.
Según la presidenta de la asociación de vecinos Tafira Alta-Bandama, Dunia Blanco, la batalla que han emprendido es para que sus hijos e hijas "puedan salir libremente a las calles y en condiciones de seguridad", tal y como pasa en cualquier otro lugar de la ciudad. Asimismo, ha lamentado que considera una "hipocresía" la forma de actuar del Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de menores migrantes, "porque los chavales les dan exactamente igual, ni están escolarizados ni se les trata de integrar en la sociedad".
Desde la Consejería regional de Derechos Sociales, han reconocido que la convivencia de menores con mayores de edad a la espera de que se les haga la prueba de determinación de la edad "genera algunas tensiones en los centros y dificultan la gestión de los mismos". A la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia le consta que los vecinos de Tafira han presentado un escrito a la Fiscalía por su malestar.
Las fuentes consultadas han subrayado la necesidad de "agilizar el proceso de determinación de edad y que solo por el hecho de declararse como menores sean derivados a estos centros", algo que esperan lograr "en próximas fechas". Con ello, esperan enfriar el ambiente que se respira en estos momentos en el barrio. Además, han apuntado que, ante el descenso de llegadas de las últimas semanas y con la salida de mayores de edad, "se procederá progresivamente al cierre de recursos, entre los que se encuentran estos tres centros".
Los vecinos también han criticado que se están incumpliendo "todas las leyes", porque algunos de los centros han instalado contenedores a modo de barracones para poder albergar en su interior a todos los menores que tienen a su cargo. Y, del mismo modo, acudirán ante el Diputado del Común para que investigue los contratos que se han suscrito con las fundaciones que gestionan cada uno de los centros, ya que algunos los consideran irregulares.
"Ya no se puede ni venir a jugar con nuestros hijos", censura una vecina que vio en directo un apuñalamiento cerca de un parque
La ciudadanía residente cree que muchos de los menores no están escolarizados, ya que se les ve en horarios de clase deambulando por las calles, ni realizan ningún tipo de actividad que sirva para su integración. Algo que es fundamental para evitar que opten por actividades ilícitas o que estén sin supervisión la mayor parte del tiempo, con lo que ello significa de aumento de los problemas de convivencia en el barrio, en el que tres de los 13 centros son especialmente problemáticos. En este sentido, desde Derechos Sociales han matizado que todos los menores deberían estar escolarizados, si bien "puede que haya un tapón en los chicos que son mayores porque no hay plazas en general para formación profesional". En cuanto a su incorporación a la sociedad, "son las entidades las que tienen que organizar las actividades porque son las que están en el día a día gestionando el centro", han recordado.
Más presencia policial
En Tafira se ha notado en los últimos meses un incremento de la presencia policial, tanto de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria como de la Policía Nacional y de la Policía Canaria. Todos los cuerpos han confirmado que se han reforzado los patrullajes en el barrio y en las inmediaciones de los centros tutelados, sobre todo los más conflictivos. "Infancia y Familia está en coordinación permanente con los cuerpos de seguridad", han asegurado desde el Ejecutivo canario. También desde el Consistorio capitalino han señalado que se han producido reuniones periódicas para analizar la situación y que han actuado en la medida de sus competencias y posibilidades.
Y es que los vecinos han manifestado multitud de hechos recogidos en la denuncia que han presentado a la Fiscalía. Una de ellas, que tiene dos hijos pequeños, ha contado cómo la tarde del 28 de marzo, en la que fue con ellos al parque infantil junto a la asociación de vecinos, vivió en directo un apuñalamiento. Según su relato, dos chicas de un centro tutelado se encontraban en el espacio jugando y charlando cuando un grupo de otras cuatro personas, también tutelados, se acercaron a ellas, momento en el que se produjo un pequeño encontronazo por un cigarro. Dos de las chicas, presuntamente, comenzaron a pelearse mientras otros dos las jaleaban. La mujer, asustada, les dijo a los otros dos acompañantes -uno de los chicos y otra de las chicas- que hicieran algo y fueron a separarles, resultando la chica apuñalada en el rostro, por lo que requirió asistencia médica. "Lo vivimos un lunes por la tarde, que ya no se puede ni venir a jugar con nuestros hijos", ha censurado esta vecina.
Las broncas, también en el interior de los propios centros y ante la impotencia del personal cuidador que se encuentra en su interior -al que también amenazan con objetos punzantes-, han provocado que exista "miedo" entre los residentes por lo que pueda ocurrir, según expresa otra vecina de mayor edad que dice que ya no sale a la calle nada más que para hacer gestiones imprescindibles y que, como ella, también lo ha dejado de hacer otras muchas personas mayores, con lo que ello supone de deterioro físico y cognitivo.
Varios de estos vecinos también se han encontrado con contenedores quemados con asiduidad, no solo en las calles cercanas a los centros tutelados, sino también en otras del barrio. Una vecina pilló una vez a uno de ellos manipulando uno de los recipientes de basura y se lo recriminó, por lo que el joven salió huyendo. Poco después, tres personas en un vehículo pararon a ver el suceso y le explicaron que estaban buscando al chico que se había fugado de las instalaciones de Bandama.
También han experimentado robos. De hecho, la semana pasada, según ha detallado otro de los vecinos denunciantes, mientras su hijo esperaba en la parada a que le recogieran, se le acercó un joven jadeando y cojeando que le pidió dinero para poder subirse a la guagua y llegar a su casa en la plaza de Doña Luisa. Como él no llevaba nada encima, le sugirió que se acercara a una farmacia cercana. Según le refirió, un grupo de menores migrantes le habían dado una paliza y le robaron una riñonera en la que llevaba el móvil y la cartera, por lo que se había quedado sin nada. Estaba visiblemente asustado y solo quería llegar a su casa. Pero este no es, ni mucho menos, un caso puntual. "Ha habido muchos otros hechos similares, con sustracción de bicicletas, teléfonos, hasta en el interior de las madres que van a recoger a sus hijos a la guardería que hay cerca de uno de los centros", ha matizado Dunia Blanco.
Por todo ello, se han "autoimpuesto" un toque de queda y la mayoría de vecinos no salen de sus casas a partir de las ocho de la tarde. "Y eso no es justo", ha concluido la presidenta de la asociación de vecinos.
