La evalución de impacto ambiental del proyecto para la creación de la planta de gas en el Puerto de Las Palmas está siendo motivo de desacuerdo entre la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica y la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Mientras el organismo sanitario informó desfavorablemente ya que la ubicación del proyecto en La Luz «supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población capitalina», la Viceconsejería, que dirige Miguel Ángel Pérez Hernández, considera que la actividad propuesta por Totisa Holdings está «carente de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente».
Aparte del distinto criterio a la hora de resolver el informe, el principal punto de desencuentro entre ambas administraciones radica del procedimiento para la evaluación ambiental aplicado.
En el informe de Salud Pública se indica que el hecho de que el documento de Totisa Holdings carece de información precisa sobre «la naturaleza, complejidad, ubicación y dimensión del proyecto», así como sobre «el potencial impacto en la salud», hace que el procedimiento de evaluación idóneo sea el ordinario. Sin embargo, la Viceconsejería desde el inicio de la tramitación ha empleado el procedimiento de autorización ambiental simplificada.
En este sentido, desde la Viceconsejería aseguran que la aplicación de uno u otro procedimiento «no es algo que se determine desde el propio organismo», sino que «se encuentra previsto por las características del proyecto, en los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental», por lo que se han ajustado «escrupulosamente a dicha ley».
La diferencia principal entre el procedimiento ordinario y simplificado se basa en el tiempo que duran los trámites y en la complejidad de los informes que se evalúan en cada una. Además, el primero -que recomienda Salud Pública- es más exhaustivo en el estudio de la información aportada que el segundo.
Suspicacia con los plazos
En el documento emitido por la Dirección General de Salud Pública, en lo que a los plazos de la tramitación se refiere, afirma que «resulta difícil comprender» que la Viceconsería concediera a Totisa Holdings «un mes para formular sus alegaciones», mientras que el organismo sanitario «sólo contara con cinco días» para responder. Un plazo corto, teniendo en cuenta que en el caso de no contestar «se entenderá que el proyecto carece de efectos adversos para la salud de las personas».
Sobre este punto, desde la Viceconsejería se explica que «el proyecto se sometió a Comisión Ambiental el pasado mes de julio y se quedó sobre la mesa», ya que no se emitió «el informe preceptivo de Salud Pública».
Ante esta situación, «se paró la tramitación» y se le concedió «un plazo de quince días» al ente sanitario, que finalmente culminó y envió dicho informe. «Al final se extendió unos 20 días, porque en 15 no llegó a tiempo. Se incorporó sin problema el expediente», manifiestan fuentes de la Viceconsejería de Transición Ecológica.
La empresa hizo alegaciones al expediente y fue en ese momento cuando se abrió el plazo de cinco días más para que desde Salud Pública «se hicieran las aportaciones pertinentes». «La concesión de este plazo adicional fue iniciativa de la Consejería de Transición Ecológica, porque la ley no obliga a otorgar ese plazo para volver a responder», apuntan desde la Viceconsejería.
El Cabildo no se pronuncia
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, indicó que el proyecto de la planta de gas en La Luz «es un tema muy sensible» y aseguró sentirse preocupado «por este último informe (de Salud Pública)». «Siempre hemos entendido que el gas no es una energía limpia. Cuando se dice que es menos dañino que el petróleo, habría que aclararlo», dijo. Morales afirmó que «hay un debate abierto», pero que el Cabildo no se va a pronunciar, porque es el Gobierno de Canarias «quien debe decidir o incluso el Ayuntamiento (capitalino) el que tendrá más que decir sobre el tema». Desde el consistorio local se optó por no hacer declaraciones públicas al respecto. La Autoridad Portuaria de Las Palmas, por su parte, indicó que se limitan ◄«a tramitar las concesiones que solicitan y esta [la de Totisa Holdings] es una más». | X. L.
