Salud Pública alerta del perjuicio de la planta de gas del Puerto de Las Palmas para la ciudad

En el documento se considera que la información aportada en el proyecto por la empresa promotora Totisa Holdings para obtener una declaración de impacto ambiental «es a todas luces insuficiente» en cuanto a la descripción de la actividad, cuantificación de emisiones a todo el medio físico y los niveles de inmisión de los distintos contaminantes se refiere. Tampoco ofrece suficientes datos sobre aspectos como el impacto combinado y acumulado en el resto de actividades de La Luz así como del entorno de la ciudad y sobre la evaluación de la exposición de las personas a las emisiones. Esta circunstancia hace que no sea posible para Salud Pública «emitir un juicio informado». 

Las infraestructuras proyectadas por Totisa Holdings -a quien la Autoridad Portuaria seleccionó durante el trámite de competencia de proyectos- contemplan una terminal de gas natural fósil y las instalaciones necesarias para la generación eléctrica de 70 megavatios. Atendiendo a sus características, la Dirección General de Salud Pública especifica que los potenciales impactos en la salud y el bienestar derivados de su puesta en marcha se asocian a la exposición a «las emisiones de gases y partículas al aire ambiente; la descarga de efluentes líquidos; la generación de residuos sólidos y peligrosos; el ruido; el olor y el impacto visual», entre otros conceptos. 

Riesgos más importantes

Sin embargo, advierte de que los impactos negativos de mayor peso para la salud pública son los relacionados con «la calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, por sus consecuencias catastróficas», más aún teniendo en cuenta «la proximidad del emplazamiento de las instalaciones» a la población residente en la ciudad. 

El informe del organismo sanitario detalla distintas conclusiones tras analizar los ámbitos más relevantes a la hora de determinar el posible grado de impacto. 

Teniendo en cuenta la localización donde se instalaría la planta -junto a la zona de La Esfinge, en la trasera del dique Reina Sofía-, se especifica que «está a escasa distancia, unos 1.100 metros, de donde se encuentran viviendas de uso residencial, zonas infantiles y de uso sanitario del barrio de La Isleta» y menciona la presencia de «los trabajadores del área industrial de El Sebadal y del propio recinto portuario», por lo que esta cercanía supone un factor de alto de riesgo. 

En el apartado de calidad del aire, la empresa promotora había asegurado que no espera que «se produzcan emisiones de partículas de polvo», mientras que en el caso de los gases señalaba que «se generarán emisiones producidas por la regasificación y producción de energía a base de gas licuado e hidrógeno, aunque este último no es objeto del proyecto», puntualizando que en función «de la dirección predominante del viento no irán al entorno puerto ciudad». No obstante, esta afirmación no se ve sustentada en «un modelo de dispersión» que es lo que habitualmente se exige por parte de los gestores medioambientales. 

El informe ambiental presentado por la empresa, "a todas luces insuficiente", no aporta datos cuantitativos

Totisa Holdings también afirma que el funcionamiento de la planta «mejorará la calidad del aire», ya que permitirá suprimir las emisiones de los buques que atracados en el ámbito portuario mantienen sus motores auxiliares encendidos para autoconsumo, sustituyendo las altas emisiones por fuel-oil, por las procedentes del gas natural. Ante estas conclusiones, Salud Pública alude que existe una contradicción, ya que por un lado la empresa dice que las emisiones de la planta «no serán transportadas a la ciudad -en función de la dirección del viento-», mientras que por otro asegura que sí se beneficiaría por «ser las emisiones menos contaminantes».

Asimismo, el organismo sanitario apunta que en el informe presentado por la empresa no se aportan datos cuantitativos, por lo que se basa «meramente en una hipótesis teórica», deducida a partir de que el gas natural es menos sucio que otros combustibles fósiles y que el viento dispersará sus emisiones en el mar.

La planta de combustión de gas licuado prevé la instalación de cuatro chimeneas de 25 metros de altura (similar a la de un edificio de ocho plantas) que emitirían óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, metano, compuestos orgánicos, gases de efecto invernadero, etcétera. «Todas estas emisiones deberían haber sido detalladas, cuantificadas y analizadas en el documento ambiental», pero, según recoge el informe, la empresa «no aporta información» sobre estos cálculos ni «sobre las emisiones actuales del Puerto de Las Palmas», por lo que tampoco se puede verificar una supuesta disminución de la tasa de emisiones incluida en el documento. 

"Las emisiones deberían haber sido detalladas y analizadas", agrega la dirección general

Salud Pública hace mención a que teniendo en cuenta la componente de vientos predominante en la capital que «no se dirigen al Atlántico» de forma habitual, «cualquier contaminante susceptible de ser transportado por ese medio va a implicar la exposición de las personas pudiendo afectar a la salud y al bienestar de la población residente en la capital». 

Desde el punto de vista de la protección de la salud, el contenido del estudio relativo a la calidad del aire que entregó Totisa Holdings «no aporta la información mínima suficiente para poder tomar una decisión respecto al proyecto».

Otro de los puntos fundamentales del informe es el que hace referencia a que la instalación de una planta de gas no licuado «en la ubicación propuesta» supondrá un impacto local «permanente para la ciudad». Por lo tanto, para su autorización y puesta en marcha hay que valorar de forma «exhaustiva y exigente», el impacto potencial «en todos los vectores ambientales que afectan a la exposición de las personas», ya que podría ser «un elemento perturbador del bienestar y de la salud de la población». Esto hace que se incremente el riesgo ya existente en los ciudadanos de la capital «con relación a determinadas patologías cardiovasculares, respiratorias y en especial al asma y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)». 

En el resto de factores como la exposición al ruido, las emisiones al mar y la gestión de residuos, entre otros, la empresa tampoco argumentó suficientemente y con datos constatables sus afirmaciones, como se indica en el informe de Salud Pública.