La plataforma ciudadana Foro por La Isleta decidió ayer tomar la iniciativa y proponer la creación de una comisión específica en la que estarían representados diferentes colectivos ecologistas como Ben Magec-Turcón, Gran Canaria Renace, Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Salto a la Transición Ecológica, para hacer frente común contra el proyecto de instalación de una planta de gas natural licuado en las instalaciones del Puerto de Las Palmas.
El local social ubicado en la Plaza del Pueblo del barrio de La Isleta fue el lugar escogido para la celebración de una asamblea extraordinaria, organizada por Foro por La Isleta, en la que el principal objetivo es construir un argumentario «realista y efectivo» basado en datos contrastables, con los que poder confrontar ante la opinión pública, pero sobre todo por la vía legal, el posible inicio de las obras que estiman podría estar fijado para el próximo mes de octubre.
Informe de Salud Pública
Durante la última semana del pasado mes de agosto, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias emitió un informe con respecto al proyecto de creación de la planta de gas natural licuado dentro del proceso de evaluación de impacto medioambiental que sigue abierto.
Durante la reunión se definieron los argumentos que se esgrimirían en un posible recurso
Ninguno de los colectivos presentes en la reunión había tenido acceso a dicho informe -pese a que la asociación Gran Canaria Renace fue la primera en solicitarlo formalmente-, aunque los representantes de Ben Magec manifestaron que «es más que probable que haya sido desfavorable».
De ahí que uno de los primeros puntos que entienden que se debe exigir «es transparencia por parte de la Administración» para poder conocer la información.
Otro de los motivos que estiman como parte de un posible recurso es que «la Autoridad Portuaria de Las Palmas ya ha tratado de hacer uso de esa parcela anteriormente para instalaciones relacionadas con la generación de energía» y en ambas ocasiones, «se ha rechazado la solicitud». La inseguridad de la ciudad al tener «una instalación de este tipo a menos de dos kilómetros» y las altas tasas de emisión de CO2 que «podrían generar lluvia ácida en la capital», se incluyen dentro de la lista de argumentos.
Una de las opciones es la creación de una asamblea ciudadana con participación de otros barrios
Uno de los principales temores que tienen todos los grupos es que desde el área de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias se otorgue el visto bueno al proyecto, al entender que entra dentro de los supuestos que se recogen en el Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, expedido por el gobierno estatal, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
En este sentido, los representantes de Salto a la Transición Ecológica matizaron que «el hecho de que en la programación del gobierno autónomo con respecto a los proyectos medioambientales no haya previsión de algo relativo a la generación de gas» podría ser una de las rendijas normativas para plantear un recurso contencioso administrativo.
Dentro de los acuerdos consensuados, Ben Magec propuso la convocatoria de una asamblea ciudadana en el plazo de 15 días «donde se cuente con la participación de los vecinos de otros núcleos afectados».
Sin recurso para los megayates
El presidente de Foro por la Isleta, Félix Alonso, informó ayer a los miembros de la plataforma ciudadana que «una vez hecha la consulta legal a la abogada» que les asesora, han decidido «desestimar la opción de denunciar por la vía contencioso-administrativo» la autorización otorgada a la empresa Rodritol para la construcción de un taller de megayates en la zona del Refugio, «al estar fuera de plazo». El colectivo ha defendido la reubicación de esta actividad al entender que la reparación de embarcaciones resulta peligrosa debido al efecto negativo que puede tener en el medio ambiente. Los productos químicos que se utilizan, las emisiones de los mismos al aire y las posibles filtraciones en el agua y que afectarían al núcleo urbano circundante, son algunas de las razones por las que solicitan el cambio de emplazamiento. | X. L.
