No era una simple gripe. Los que defendían esta teoría hace tan solo tres meses empezaron a ver las orejas al lobo en cuanto se declaró la cuarentena sanitaria en el H10 de Adeje (24 de febrero). Cuatro días después de que los últimos clientes abandonaran las instalaciones hoteleras del sur de Tenerife, Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa para anunciar las dos primeras semanas de confinamiento.
En España ya se habían registrado 189 defunciones asociadas al coronavirus el 15 de marzo, una de ellas en el Archipiélago: la segunda se certificó en el Hospital Universitario de Canarias un día después. La curva a la que tantas veces se ha referido el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordición de Alertas Sanitarias, estaba iniciando la escalada. En paralelo a los fríos partes hospitalarios que se anunciaban a diario, Madrid aprueba un paquete de medidas extraordinarias con el objetivo de contrarrestar el varapalo financiero que se nos venía encima -el Ejecutivo de Sánchez inyecta 200.000 millones de euros para proteger a los más vulnerables-, pero, a su vez, bloquea los 618 millones del superávit canario: esa decisión genera malestar en todas las formaciones políticas que tienen representación en las diferentes adminitraciones isleñas, incluido los socios que conforman el pacto de las flores. Las diferencias son de carácter económico, pero la crisis que acecha tiene nombre y apellido: Teresa Cruz Oval y la Consejería de Sanidad.
La gestión de la socialista estaba cuestionada antes de que el virus arrasara con todas las secciones en las emisoras de radio, cadenas de televisión y periódicos, pero el 24 de marzo se precipitan los acontecimientos. Cruz Oval ratifica en una entrevista a LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas que no hay camino de retorno: "No me dejan trabajar por intereses privados". Solo 24 horas más tarde se confirma un secreto a voces: Ángel Víctor Torres hace oficial su destitución y coloca a Julio Pérez al frente del área de Sanidad. Políticos de peso en la estructura del PSC-PSOE tinerfeño muestran sus discrepancias con esta decisión, pero no hay vuelta atrás.
Muerte en una residencia
Los telediarios llevaban varias jornadas abriendo la relación de noticias asociadas con el Covid-19 con los trágicos capítulos que se están dando en las residencias de mayores de Madrid, cuando se certifica la primera defunción en Canarias: además de la persona fallecida, en Fasnia se confirmaron otros 36 positivos.
Solo lo trabajadores del sector sanitario acaparan el 20% de los contagios confirmados en las Islas el 22 de marzo (414 personas). España sobrepasa los datos oficiales proporcionados por China -el diario South China Morning marca el primer caso el 17 de noviembre, es un ciudadano de 55 años de la provincia de Hubei- en cuanto al número de afectados por el coronavirus (85.195 personas).
Con la pandemia en plena efervescencia, los canarios ponen de manifiesto dos cosas en una encuesta recogida en este diario: en sus respuestas hay un suspenso para la gestión de Sánchez y otro para la Consejería de Sanidad, ya la crisis de había llevado por delante a la consejera y comienza a trabajar Julio Pérez y con "más protagonismo" para el comité de expertos.
En esta comunidad las cifras del Covid-19 se encuentran moderamente bajo control cuando Torres pone el acento sobre asuntos de perfil económico: el presidente no cree posible que haya una recuperación turística hasta el año 2021. Las cuestiones vinculadas con el periodo de emergencia social que vive Canarias -unos cien mil habitantes se quedan sin las ayudas anticrisis-, la reconstrucción de sectores estratégicos y los primeros visos de la llegada de la nueva normalidad (un aviso de lo que se terminó convirtiendo en el plan de desescalada) centran el discurso de los primeros espadas de la política regional: el debate, además de seguir insistiendo en la utilización del superávit o la capacidad de endeudamiento, se concentra en los pasos que hay que dar para 'liberar' del confinamiento a La Gomera, El Hierro y La Graciosa.
El análisis que realiza el Fondo Monetario Internacional respecto a la situación por la que atraviesa España -hace referencia a la peor caída del PIB desde la finalización de la Guerra Civil- se fusiona con las voces de especialistas que avanzan nuevos rebrotes y comportamientos financieros "iguales o peores que los que se están dando actualmente".
Las clases se interrumpieron horas antes de que Pedro Sánchez anunciara el estado de alarma; días antes también de que el teletrabajo adquiriera en España una dimensión desconocida hasta la fecha. Saber qué iba a pasar con el calendario escolar era una pregunta que siempre terminaba destacando de entre las listas de muertos, los errores cometidos en la compra de material sanitario o las peleas partidistas por la gestión de esta crisis que estaba realizando el binomio compuesto por PSOE y Unidas Podemos.
El pasado 15 de abril Educación se inclinó por el aprobado general; solo en casos excepcionales se debía repetir el curso que se cortó de raíz por la evolución de coronavirus. Con esa puerta ya cerrada, la siguiente gran piedra en el camino se avistó el día en el que el general Juan Manuel Santiago cometió un lapsus en la famosa rueda de prensa en la que se anunció la caza de bulos que pudieran dañar la imagen del Estado. Pero sin distanciarnos de la cúpula de este país, cabe destacar que el 15 de marzo fue el mismo día en el que el Rey Felipe VI renunció en público a su herencia y le retiró la asignación oficial a su padre, tras publicarse que don Juan Carlos aparecía como beneficiario de una fundación offshore en Panamá donde ingresó su padre ingresó una supuesta donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí. Siete semanas después, las sospechas económicas en torno a la figura del Rey Emérito continúan ocupando un espacio en los medios de comunicación. Y la desescala se ha puesto en marcha.
