¿Quiere cambiar el nombre del colegio a Ilustre Colegio de la Abogacía de Las Palmas?. Cerca de 4.700 letrados están llamados a responder esa pregunta en las urnas en una Junta General de carácter extraordinario de su organismo profesional. El debate sobre el lenguaje inclusivo llega a un sector que se muestra muy polarizado a la hora de decidir si opta por la modernización de la nomenclatura de la institución o prefieren el inmovilismo de la tradición. A las nueve de la mañana del viernes se abrirán las urnas, que permanecerán abiertas durante cinco horas, para que los profesionales de la abogacía depositen su voto, en la que se espera que sea una elección muy reñida.
La Ley de Igualdad, tanto regional como nacional, insta a promover el lenguaje inclusivo y un lenguaje no sexista, pero no se concretan detalles sobre lo que hay que cambiar, ni cómo ha de cambiarse, recuerda el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu. Como el cambio no viene impuesto por una norma, la única fórmula posible para modificar la denominación es recogerlo en los estatutos del organismo, que solo se pueden retocar con el consentimiento de los colegiados mediante una votación, en la que es suficiente una mayoría simple en segunda convocatoria. En diciembre se convocó por primera vez, pero no hubo quorum de asistencia del 50% del censo de colegiados ejercientes, como se exigen en la normativa interna.
Massieu considera que el planteamiento de voluntariedad es positivo para que la sociedad vaya "evolucionando paulatinamente y, si no es así, igual se terminará por imponer". En aras de palpar el sentir del colectivo y tomar una determinación en base a la mayoría, el decano del Colegio insta a sus compañeros a participar en la decisión y a "votar en conciencia".
La abogada Pino de la Nuez destaca que en la actualidad en el Colegio de Abogados solo hay 217 mujeres menos que hombres, entre ejercientes y no ejercientes. "Este cambio corresponde a la inclusión de cambios que tienen que incluir a las mujeres y darles visibilidad", sostiene De la Nuez. Quien añade que es una oportunidad para modificar la denominación para que refleje la realidad de la profesión, porque sino "parece que las mujeres no estamos". Para esta letrada, que también forma parte de la Comisión de Igualdad y Violencia de Género del Colegio, es "incoherente" que no se actualice la nomenclatura del Colegio profesional, ya que se rigen por el Estatuto General de la Abogacía, pertenecen al Consejero General de la Abogacía -presidido por una mujer-, y se refieren con el genérico neutro a instituciones como la Fiscalía o la Abogacía del Estado.
Genérico neutro
El artículo 17 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor en noviembre de 2018, establece que "los poderes públicos garantizarán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado" y "adoptarán medidas para educar en valores de igualdad, no sexistas". En este sentido, De la Nuez interpreta que el cambio responde al cumplimiento de una norma. "Las leyes se interpretan y los derechos se reivindican, por esto hay quien entiende que no se trata del cumplimiento de una ley", defiende la letrada, quien estima que "hay que promover los cambios en una corporación de derechos públicos", como es este organismo profesional.
"Me parece que hay cosas mucho más importantes a las que dedicarle el tiempo", defiende la abogada María José Colombo. Quien asegura que el cambio tendría sentido si fuera para que la sociedad lo entendiera mejor, pero no ve necesario hacerlo si es para la inclusión de las mujeres, porque el genérico masculino ya contempla a las féminas. En ese sentido, Colombo considera que "tener que nombrar todo de manera que las mujeres se sientan incluidas es hacer que nos sintamos más discriminadas". Para la letrada, este debate "es mirar para otro lado", dedicar esfuerzos a asuntos que no son relevantes y no abordar los temas que tienen verdadero peso.
Cambio sí, politización no
- La politización del lenguaje inclusivo es un peso que lastra el debate sobre el cambio de la nomenclatura del Colegio de Abogados de Las Palmas por Colegio de la Abogacía de Las Palmas. "Estoy a favor de la modificación y creo que es una reivindicación legítima a la que hay que prestar atención", sostiene Eduardo López Mendoza, socio director de DLM Abogados, quien critica el uso político que se hace de la cuestión. "Determinado sector de la izquierda ha hecho bandera del lenguaje inclusivo, cuando realmente cualquier persona sensata es feminista, en el sentido de promocionar a la mujer cuando se encuentra en una posición de discriminación", explica López. Desde su punto de vista, el cambio debe ser aceptado por todos los profesionales, porque responde a un concepto global de la profesión, pero debe plantearse "como un debate sereno, propio de la evolución de los tiempos".
