Una orden ministerial de Sanidad suspende el plazo vigente de 24 horas que debe transcurrir entre que una persona fallece y se inhuma o incinera para agilizar los enterramientos de los muertos por coronavirus. Pero al mismo tiempo los horarios de apertura al público de los registros civiles impiden que las empresas que prestan los servicios funerarios puedan iniciar los trámites para la obtención de las licencias de enterramiento a cualquier hora del día. Por ello, la Asociación de Empresarios Funerarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), solicitó ayer al Gobierno regional mediación para que dé traslado al Ministerio y que los registros civiles puedan emitir estos certificados durante las 24 horas para trasladar a los fallecidos por Covid-19 lo antes posible.
Cecapyme recordó que el horario de estas oficinas es de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y eso en el mejor de los casos ya que se da la circunstancia de que los registros no abren por la tarde en todos los municipios del Archipiélago. Esa situación está provocando que no puedan trasladarse a personas que han fallecido por coronavirus o sospechas de haberlo padecido, lo que implica que si han perecido en sus viviendas fuera del horario de apertura de las oficinas sus familiares tengan que aislar el cadáver en su casa hasta que se obtenga la preceptiva licencia al día siguiente para levantar el cuerpo y proceder a su enterramiento.
En este sentido, el presidente de Cecapyme, José Juan Socas, explicó ayer en declaraciones a este periódico que si bien se ha producido ya algún caso de estas características en las Islas, por ahora son situaciones "aisladas". "Pero intentamos poner sobre aviso a las administraciones públicas ya que puede darse el caso de que aumente el número de fallecidos por coronavirus y estas situaciones se sigan repitiendo", señaló Socas. El presidente de los pequeños y medianos empresarios añadió que pese a la Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, ésta no puede cumplirse si los registros no están operativos a cualquier hora del día mientras dure la crisis sanitaria.
Equipos de protección
Por otro lado, Cecapyme recuerda que otra directiva, en este caso del Ministerio de Justicia, ha habilitado a los jueces de guardia para que tengan la capacidad de emitir licencias de enterramiento como alternativa a los registros civiles. "No obstante, la realidad de estos días es que no existe un criterio único en los juzgados para aceptar realizar este trámite, por lo que las empresas funerarias se están enfrentando al criterio personal del juez responsable de cada turno de guardia, con la inseguridad y la impotencia que esto produce", señaló la organización en un comunicado. "Las empresas funerarias solo reclaman que el Ministerio y los juzgados vayan de la mano", añadió por su parte José Juan Socas, ya que si no la normativa aprobada esta semana carece de sentido.
Si no se resuelve cuanto antes esta circunstancia, advierten Cecapyme y las empresas de servicios fúnebres, y en un escenario en el que aumente significativamente el número de casos fallecidos por coronavirus, podría saturarse la operativa en las compañías de servicios funerarios, lo que conllevaría también el riesgo de peligro sanitario.
Paralelamente a esta reclamación, la Asociación de Empresarios Funerarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que integra a más de una treintena de compañías que operan en todo el Archipiélago, insta al Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres a que asegure las salidas y las llegadas efectivas de los pedidos de material sanitario que las mismas empresas han adquirido a través de proveedores para garantizar la seguridad de sus trabajadores.
Y es que se ha dado el caso, reveló ayer José Juan Socas, de perjuicios a las funerarias. Como ejemplo, el presidente de Cecapyme explicó que a Tenerife llegó un contenedor cargado de material de protección para los operarios que trasladan a los fallecidos que incluía además las bolsas homologadas para introducir los cuerpos de afectados por el Covid-19, "material que fue confiscado por Madrid y enviado a la capital".
Por ello, solicitan que los proveedores contratados puedan entregar el material sin incidencias para proteger a sus empleados de la misma forma que un hospital protege a los sanitarios. En ocasiones han tenido que prestarse material entre ellas.
