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El análisis

Nuestra juventud no puede esperar más

La Comisión Europea ha propuesto hoy (4 de febrero) adelantar mil millones de euros para financiar medidas de lucha contra el paro juvenil. La razón es sencilla: la regla para los Fondos Europeos es que los gobiernos financian los proyectos con cargo a sus presupuestos nacionales y luego son reembolsados por la UE. Pero, en el contexto actual de restricciones presupuestarias, esto puede ralentizar la puesta en marcha de las ayudas a los jóvenes sin empleo. Es lo que tratamos de evitar con esta propuesta. Cuando entré en funciones hace tres meses, tuve muy claro que la cuestión más urgente de la que tendría que ocuparme era el desempleo juvenil. En este momento, en Europa, uno de cada cinco jóvenes está sin trabajo, más de cinco millones de jóvenes. España es el Estado de la UE con el mayor porcentaje de jóvenes parados, el 53,5%, pero otros países tienen un problema similar. Esto es inaceptable.

En algunos Estados de la UE estamos corriendo el riesgo de dejar atrás a toda una generación, y ello no solo es una irresponsabilidad hacia nuestros jóvenes, sino que tendrá consecuencias económicas y sociales negativas a largo plazo. Sabemos que, en un entorno económico mundial cada vez más competitivo, para que nuestras economías salgan adelante necesitamos una mano de obra bien capacitada y unos sistemas de educación y formación sólidos. De modo que el objetivo está claro: nuestros jóvenes necesitan formación y puestos de trabajo. Por desgracia, el reto no es nuevo. Los Estados miembros y la Unión Europea llevan ya algún tiempo trabajando juntos en ello. Hace ya casi dos años, la Comisión puso en marcha la Garantía Juvenil. En el marco de esta iniciativa, los Estados miembros tienen que asegurarse que, en un plazo de cuatro meses después de terminar los estudios o perder el trabajo, todos los jóvenes menores de veinticinco años puedan encontrar un empleo de calidad, o bien seguir una formación (por ejemplo, profesional) que les ayude a encontrar trabajo en el futuro.

Hay que ayudar a los jóvenes a entrar el mercado laboral en una etapa temprana, dándoles las claves necesarias durante su educación. Pero también es importante asegurar la calidad de la formación impartida y de los puestos de trabajo a los que puedan optar. Los gobiernos de la UE han asumido estos objetivos, y han pasado los últimos años diseñando planes y reformas que los traduzcan en una realidad. En todas las regiones de España se han previsto acciones dirigidas a los más desfavorecidos: los jóvenes ni-nis (los que ni trabajan, ni estudian ni siguen una formación), con el objetivo de mejorar su empleabilidad a través, por ejemplo, de programas de formación y medidas de apoyo a los emprendedores que los contratan.

Para ayudarles a poner en práctica estas políticas y esos proyectos, la Unión Europea ha puesto Fondos Europeos a disposición de los Estados miembros, concretamente a través del Fondo Social Europeo y de la llamada Iniciativa de Empleo Juvenil. Esos fondos complementan los presupuestos nacionales.

La Iniciativa de Empleo Juvenil cuenta en España con unos 2.360 millones de euros, destinados a apoyar directamente, de la forma más inmediata posible, a los jóvenes. Esto significa, en la práctica, que un joven puede acudir al servicio de empleo público y, en principio, beneficiarse casi de inmediato de un conjunto de medidas de empleo, formación o asesoramiento, en función de su situación y de sus necesidades.

Sin embargo, han pasado dos años desde que se adoptara la Iniciativa de Empleo Juvenil y es evidente que los resultados en los Estados miembros no responden a las expectativas. Los Estados miembros han tenido dificultades para realizar los pagos que permiten empezar a financiar las actividades y las medidas. En el actual sistema, los gobiernos han de avanzar el dinero para los proyectos con cargo a sus presupuestos nacionales antes de ser reembolsados por la UE. Y los que han tenido más dificultades han sido los Estados miembros con las tasas de desempleo juvenil más altas, ya que son también los que afrontan mayores restricciones presupuestarias.

Estoy convencida de que la Iniciativa de Empleo Juvenil puede suponer un punto de inflexión, pero, después de dos años, el dinero todavía no ha llegado a los jóvenes en la práctica, o no lo ha hecho suficientemente. Lo que quiero es hacer que la Iniciativa funcione. Los jóvenes no pueden esperar más. Por eso mi primera propuesta legislativa importante en el cargo ha sido proponer un aumento de mil millones de euros para la prefinanciación europea de operaciones y actividades de fomento del empleo juvenil. En otras palabras, avanzamos una parte significativa del dinero.

Los Estados miembros obtendrán así la financiación necesaria para emprender con carácter de urgencia medidas que ayuden a crear puestos de trabajo, cursos de FP y actividades similares. Ese dinero podría ayudar directamente a setecientos mil jóvenes que lo necesiten de manera más urgente. Si los Gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo apoyan esta medida, el dinero estará disponible este mismo año.

Por supuesto, la Comisión Europea solo puede facilitar la aplicación de las medidas. Son los Estados los que tienen que realizar los proyectos y tomar las medidas necesarias. Por eso les pedimos que hagan buen uso de este dinero y lo conviertan rápidamente en proyectos concretos. Juntos somos capaces de lograr que funcione. Juntos podemos conseguir que los jóvenes vuelvan a tener trabajo. Juntos conseguimos dar a la juventud europea las oportunidades que se merece.

(*) Comisaria europea de Asuntos Sociales y Empleo

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