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REFLEXIÓN

La UE pone fecha de caducidad al modelo eléctrico canario

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que la subvención anual que se concede para que el recibo de la luz de los consumidores del Archipiélago esté en línea con el de la Península es un servicio económico de interés general, luego es una ayuda compatible con el Derecho comunitario. Todo ello en aras de dar cumplimiento al principio básico del sistema energético que es la garantía del suministro.

El mecanismo de compensación parte de que la generación de energía en los sistemas no peninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla- es más cara que en Península, por lo que se subvenciona. La subvención se paga al 50% entre la caja del sistema eléctrico nacional (que se genera con la parte del recibo de la luz que está regulada) y el otro 50% viene de los Presupuestos Generales del Estado. La partida de sobrecostes de generación ha alcanzado la nada desdeñable cifra de 1.379 millones de euros (según la última liquidación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al cierre de 2019), de los cuales 843 millones corresponden a Canarias. Considerando que en las Islas había el año pasado 848.600 hogares, ello supone una ayuda media de casi 1.000 euros por hogar y año. En los tres primeros meses de este año 2020 los sobrecostes ya ascienden a 361,83 millones de euros (222 millones corresponden a Canarias), lo cual supone un 16,3% más que en el mismo período del año anterior.

Este crecimiento anual debe mover a la sorpresa a cualquier analista si se supone que se está extendiendo la generación renovable y se compara la descarbonización que se está produciendo en el sector energético peninsular frente al de las Islas.

A priori, recibir una mayor cantidad de dinero anual podría ser una buena noticia para el ciudadano canario. Sin embargo, no es más que una transferencia que el cuasi-monopolio eléctrico recibe anualmente para mantener un statu quo caro y contaminante sin que suponga un beneficio adicional para los ciudadanos y las empresas. De hecho, más bien supone un perjuicio creciente para las Islas, ya que si cada euro dedicado a sobrecostes se destinara a invertir en energías renovables, se generarían 1,8 euros de actividad económica y cada empleo nuevo creado supondría 1,9 empleos adicionales, tal y como señalan los estudios más recientes como el de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido.

La Comisión no entra a juzgar cómo se calcula esta subvención ni tampoco su idoneidad en los tiempos actuales, pero sí establece que la ayuda se debe conceder bajo unas determinadas condiciones para continuar percibiendo la compensación por sobrecostes: por un lado, la necesidad de introducir competencia junto con una descarbonización de la generación y, por otro lado, establece una 'fecha de caducidad' del modelo en Baleares para 2025 (por la entrada en funcionamiento de la segunda interconexión por cable entre Mallorca y la Península) y en Canarias, Ceuta y Melilla para 2029.

Por ello, es pertinente reseñar que no estamos ante una bendición del modelo ni nada que se le parezca por parte de las autoridades comunitarias. Sólo zanja la cuestión de si es o no una ayuda ilegal de Estado. El problema sigue siendo el modelo energético controlado en un 90% por Unelco-Endesa, el cual se sigue comportando como un mecanismo extractor de rentas al mantener un parque de generación prácticamente amortizado y basado en combustibles fósiles cuyos sobrecostes no paran de aumentar.

En definitiva, el coste de oportunida' de seguir manteniendo el sistema actual se hace cada año más insostenible, lo cual obliga a los reguladores y autoridades a tomar medidas urgentes para desmantelar de forma ordenada un sistema poco transparente y difícil de auditar tal como reconoció la antigua Comisión Nacional de la Energía en 2012 y volvió a insistir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2018. En materia de energía nueve años no es nada, con lo que es necesario trabajar con rapidez (más aún en el caso de Baleares ) si no queremos que apagones como el de Tenerife en septiembre del año pasado sean la norma por no haber hecho en su debido momento el deber de des-carbonizar y modernizar el parque de generación canario.

Oscar Bermejo y Javier Santacruz. Asociación para la Transición Energética

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