El Banco de España ha emitido un informe (se esperaba hace varios meses) sobre el mercado eléctrico español. ¿Por qué crece tanto la factura de consumo eléctrico para empresas y particulares y se ha convertido en la más cara de la UE? Hoy viernes el precio promedio de megavatio hora (MWh) multiplicará por 3,2 lo que se pagaba hace un año. El BdE establece tres factores para explicar este brutal incremento. E 70% de la subida se debería al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 –impuesto por la UE para penalizar el uso de combustibles fósiles– y al aumento del precio del gas, que se emplea en las centrales de ciclo combinado. Un conjunto de especuladores –fondos de inversión estadounidenses, chinos y británicos– juegan con el aumento de la demanda (un 25% el último año) y el mantenimiento de la oferta. Suplementariamente, según indican los técnicos del BdE, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica contribuye lo suyo.
El Gobierno español se ha puesto estupendo acusando estúpidamente de esta alarmante situación al PP. No cabe duda que José María Aznar tomó medidas regresivas –el llamado impuesto al sol en 2015, la moratoria de las energías renovables de 2012, el débil impulso a mejorar la interconexión eléctrica con Francia para abaratar la importación de energía– y que bajo el aznarato «se perdió mucho tiempo» en apoyar más eficazmente las energías renovables y al autoconsumo. Pero la crisis de precios de este verano de llamas bíblicas tiene poco que ver con eso. Aparte del bono eléctrico y la salvaguarda para que no se corte el suministro eléctrico en los hogares en peor situación económica, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho nada. Y si tan claro tenían el diagnóstico –la culpa es, como de todas las cosas, de la derecha– este bagaje, después de dos años, resulta bastante patético. Para afrontar la situación han bajado temporalmente el IVA del 21% al 10% y la supresión del impuesto de generación eléctrica, que supone un 7%. El impacto de ambas medidas será inapreciable, diluida en subidas escalonadas que muy probablemente se mantengan durante todo agosto.
La mayor parte de los economistas aseguran que el Gobierno no puede hacer casi nada. Pero no es exacto. Primero está, por supuesto, lo que el Gobierno no debe hacer: crear una nueva empresa eléctrica de carácter público, uno de los sueños húmedos de Podemos, que carecería de cualquier utilidad. Y luego lo que podría hacer si quiere o puede demostrar autonomía respecto al oligopolio eléctrico español (Endesa, Naturgy, Iberdrola, Hidrocantábrico y Viesgo) con mucha más influencia política que sus homólogas europeas, como se puede comprobar revisando sus consejos de administración. Puede modificar las reglas de las subastas eléctricas y conseguir así un (moderado) margen para el control de precios. Puede encontrar fórmulas de apoyo al crecimiento y colaboración mutua de las cooperativas eléctricas verdes que se han extendido por toda España durante la última década. Puede indexar la tarifa regulada al mercado de futuros para evitar la volatilidad. Puede dedicar los impuestos que nos cobra junto al consumo eléctrico, precisamente, en reducir la tarifa. Puede dejar el IVA a un 3% simbólico en los tres próximos años y consignar una cantidad compensatoria al efecto en los presupuestos generales del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez puede hacer muchas cosas (propaganda aparte) para encararse a esta coyuntura. No basta con charlotear sobre Saramago para ser un político básicamente honesto y mínimamente eficaz. Ni siquiera es suficiente con leerlo y descubrir que los poderes que nos esquilman, nos empobrecen, nos amargan y nos abruman no han sido votados por nadie.
