Breve agonía

La legislatura autonómica está prácticamente finiquitada. Después de aprobar la ley que regula la Renta Básica –un compromiso estatutario que ha tardado más de tres años en ejecutarse– y ese ejemplo de rococó jurídico que es la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica el Gobierno y la mayoría que lo apoya se considera a sí misma triunfante. Es cierto que, tal y como explicaba en estas mismas páginas Moisés Montero, el cuatripartito tiene siete leyes que les gustaría aprobar antes del próximo mayo. Por desgracia es improbable que se pueda llegar a modificar la ley del Suelo para poner en marcha acciones urgentes en La Palma –por cierto, los cambios que se pretenden no están encaminados a aumentar las garantías proteccionistas de la normativa, sino más bien lo contrario– y solo el Ejecutivo es el responsable. En La Palma el Gobierno de Ángel Víctor Torres ha aplicado la misma política que en el resto del Archipiélago, aunque supuestamente se tratara de reconstruir una economía rota por una erupción volcánica que duró meses. Ni cambios, ni reformas, ni estrategias consensuadas con otras administraciones y con los agentes sociales: un chorrito de millones discrecionales para que la gente sepa a quién le debe su magro bienestar. El inconcebiblemente estúpido plan de empleo, que se mantendrá, es conceder sueldos a cambio de casi nada, ilusorias peonadas de ceniza, con un impacto brutalmente distorsionador en el mercado laboral palmero. Clientelismo cínico y ramplón. Por eso sigue atascada una reforma legislativa que pudo ser aprobada tres o cuatro meses después de finalizada la erupción. La propaganda, las redes clientelares y el burocratismo –que el consejero Sebastián Franquis considera un orden divino– son mucho más descansados que la planificación estratégica, el diálogo y las reformas.

Pero también tenemos suerte en los atascos de última hora. La ley del Sistema Público de Cultura es un engendro que comenzó a tramitarse –si mal no recuerdo– el pasado mes de abril y que en su cháchara insustancial pretende «articular al conjunto de las administraciones públicas, entes e instituciones culturales como una red de colaboración, cooperación y coordinación». Para conseguir el interés de alguien, se asegura que la ley brindará el derecho a la cultura, sea eso lo que sea, y garantizará que el presupuesto general de la Comunidad autonómica alcance un 2% del total para programas e intervenciones culturales. Es una norma ostentosamente declarativa, fantasiosamente intervencionista y, sobre todo, completamente inútil, pero esta superflua nadería, defendida con su habitual invisibilidad por Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno autónomo, no verá la luz en esta legislatura torpona y agonizante. Antes de aprobar leyes innecesarias Márquez debería explicar lo que ha hecho en estos cuatro años y por qué (por ejemplo) lo que hace y deshace siempre lo deshace y lo hace con la colaboración de un muy sucinto listado de empresas y personas. Ha sido el viceconsejero más silente de la historia de la comunidad autonómica, y ese empecinado silencio lo hace, todavía, más interesante. Un interés que –imagino que el señor Márquez lo sabe– no decaerá cuando abandone su cargo en el próximo julio. Si es que lo abandona. Hay lenguas pérfidas que afirman que si es necesario, para la salud democrática y operativa de las políticas culturales, que el señor Márquez se pase al PSOE, el viceconsejero hará el sacrificio pertinente y dejará Podemos y se convertirá en un tranquilo socialdemócrata.

No hagan caso. No es que esté ya todo vendido. Es que ahora empezará la venta y vamos a disfrutar de pujas disparatadas. Esta semana comenzaron cinco meses de mortífera campaña electoral.

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