La cuesta del regreso a la escuela

La vuelta al cole de este curso 2022-2023 será la más gravosa para las economías familiares de los últimos años, con los libros de texto un 4,6% más caros de media, el material de papelería un 12% (tras un aumento del 23% del año anterior) y el importe de los comedores escolares notando directamente el alza de los precios de los alimentos. En el caso de Canarias, la Confederación de Ampas de las Islas (Confapa Canarias) cifra en más de 500 euros el coste del inicio del curso por estudiante, un encarecimiento que, aparte de ser espoleado por el contexto inflacionista, se ve agravado por la implantación definitiva de la Lomloe, una novedad que rompe la dinámica de préstamos de libros entre miembros de la propia familia. A ello, hay que añadir la renovación, en su caso, de las licencias digitales para textos.

El impacto de la factura escolar de septiembre, también de las matrículas universitarias que estén aún pendientes de pago, será sensible. Al incremento de precios directo en el material escolar u otros gastos asociados, está la circunstancia de unas cuentas familiares ajustadas en muchos casos al límite por el incremento de los tipos de interés bancarios o el impacto general del alza de los precios por las tensiones de la invasión de Ucrania por Rusia . Un impacto que a lo largo de los meses ha ido consumiendo incluso el colchón de ahorro que parte de la clase media asalariada había acumulado durante el periodo de la pandemia. Un agotamiento que se temía que se notase ya durante la campaña de verano en el mercado turístico pero que en algún momento (sea en la cuesta de septiembre, sea en la cuesta de enero) acabará por hacerse más evidente.

El efecto combinado de la inflación puede afectar a actividades que bien son esenciales, como lo es en muchas familias, especialmente las beneficiarias de becas parciales, la posibilidad de costear el comedor escolar, bien que contribuyen a equilibrar otras desigualdades de origen, como el acceso o no a actividades extraescolares. En Canarias, frente al resto del Estado, está la insularidad: los estudiantes sin sedes universitarias se ven obligados a trasladarse a Tenerife o a Gran Canaria para seguir las carreras elegidas. El gasto es sangrante y exige para paliarlo redoblar la política de ayudas para traslados y residencia.

Las administraciones han tomado diversas medidas para reducir el impacto. Hay comunidades que han optado por las desgravaciones fiscales, si bien hay autonomías que han considerado que esta fórmula no beneficia a las personas con menos ingresos, que no realizan declaración de renta, y ha optado en cambio por la asignación de cheques. En lo que se refiere al Archipiélago, goza de un alto nivel de ventajas fiscales para la vuelta al cole, uno de los más relevantes del Estado, según la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Ofrece a sus residentes deducciones de hasta 1.800 euros por gastos de estudios, que podrían llegar a los 1.920 si la base liquidable del contribuyente es inferior a 36.300 euros.

Canarias tiene el reto inmediato de cumplir su propia Ley, que la inversión mínima en educación sea el 5% del PIB, todo ello para alcanzar ratos de eficiencia para superar el déficit en plazas escolares de 0 a 3 años y para triplicar la plantilla docente, entre otros aspectos estructurales, Pero nada de ello sería útil sin el convencimiento, por parte de las administraciones, de que el progreso, la igualdad y preparación de niños, adolescentes y jóvenes pasa por la educación, por crear las condiciones necesarias para dotarlos de las herramientas necesarias para que avancen en el plano humano y profesional.

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