La urgencia universitaria

Las universidades canarias no pueden resistir mucho más si no se resignan definitivamente a la mediocridad y el ensimismamiento. Entre los muchos destrozos estructurales que causó la crisis económico-financiera de 2008 uno de los más inadvertidos pública y periodísticamente ha sido la angustiosa pérdida de recursos financieros de los centros universitarios españoles. Un golpe a la enseñanza superior y a la investigación universitaria, que genera más del 90% del I+D+i del país. Produce grima el dato proporcionado por el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García: «En 15 años hemos sufrido un recorte presupuestario del 24%». Por supuesto es lo mismo que ha ocurrido, con mayor o menos intensidad, en casi todas las universidades españolas. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que ya han comenzado la recuperación presupuestaria, mientras que las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria siguen empantanadas en una miseria asfixiante. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona aumentó para este año su presupuesto en un 9.3%. A pesar de su muy delicada situación financiera, el Gobierno catalán destina en este ejercicio a sus centros universitarios más de mil millones de euros.

La llegada de una coalición de izquierdas al Gobierno autónomo esperanzó a muchos profesores y alumnos universitarios. Se llevaron un buen chasco. No creo que existiera ninguna malevolencia ni menosprecio. Simplemente no tenían ni idea de lo que hacer con las universidades ni la situación de la educación superior mereció demasiado debate en el programa de gobierno rápidamente frangollado por el PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Casimiro Curbelo. Hay cosas que se venden mejor: contratar más profesores en los centros de enseñanzas medias, instituir la educación de cero a tres años, predicar fervorosamente contra la enseñanza concertada. Simplemente fueron otras las prioridades. Solo en la segundad mitad de la legislatura comenzaron los contactos serios para llegar a una solución razonable que estableciera un modelo de financiación estable, pero aunque avanzado, el llamado Nuevo Modelo de Financiación Plurianual del Sistema Universitario público en Canarias no se pudo cerrar técnicamente antes de las elecciones. La nueva consejera de Universidades, Migdalia Machín, comparte el documento, pero ha aportado algunos cambios y matices que han sido bien recibidos por los rectores. Hay que cerrarlo el modelo de una vez y aprobarlo urgentemente antes de finales de año, de manera que sus previsiones puedan estar consignadas en el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad autónoma para 2024.

Pese a las miserias de los últimos quince años las universidades canarias han sabido reaccionar y se ha buscado la vida rascando la olla de diversas fuentes de financiación extragubernamentales con departamentos e investigadores capaces de vincularse con empresas privadas y otros sectores de la sociedad civil. Pero el tiempo de este heroísmo más o menos menesteroso debe acabar ya. Las universidades –que necesitan su propia reforma– son instrumentos de transformación social, desarrollo económico e impulso tecnológico. En Canarias es imprescindible renovar una plantilla profesoral envejecida –deben cubrirse en menos de lustro más de 350 plazas– y mejorar urgentemente logísticas y equipos tecnológicos. Debe incrementarse en más de un 100% en tres años la inversión pública en I+D+i para llegar a la media española, aun distante de la media europea. Y debe abrirse, igualmente, una renovación de las becas para evitar que la delirante subida de los alquileres que soportan los estudiantes universitarios –y sus padres– no termine afectando, como empieza a ocurrir en la práctica, en Las Palmas y en La Laguna, a su derecho a una educación pública de calidad.

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