Una gobernanza energética transparente para Canarias

Nada justifica que Canarias se encuentre en estos momentos en situación de pobreza energética, dada la inseguridad de su sistema eléctrico y la incapacidad del mismo para la generación de la potencia necesaria, especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife. No se trata de una hipótesis o una mera teoría de trabajo, sino de una realidad que pudo ser comprobada el pasado mes de julio con el cero energético que sufrió durante varios días las isla de La Gomera tras incendiarse una de sus centrales.

Un informe de Red Eléctrica de España de septiembre de 2021 informaba de la precariedad y vulnerabilidad de la red energética canaria. La demanda para la urgente actualización tecnológica fue transmitida al Gobierno canario durante la etapa de Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo regional, a su vez, reclamó en sucesivas ocasiones al Ministerio para la Transición Ecológica y Demográfica que acometiese los planes para liberar a las Islas de la incertidumbre energética. Los requerimientos han resultado hasta ahora infructuosos, demostrativos de una indiferencia y falta de sensibilidad que han situado al Archipiélago en el lamentable escenario de emergencia eléctrica.

Una eficaz y plena gobernanza de la energía se esquematiza desde la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad. La primera de las cuestiones, que atañe directamente a las Islas, se refiere principalmente a la disponibilidad ininterrumpida de energía.

Administración y suministradores tienen la responsabilidad taxativa de hacerlo a largo plazo, en consonancia con las necesidades de la sociedad, con visión de futuro. Pero también a corto plazo, desde la exigencia de que el sistema energético debe tener la capacidad de reaccionar rápidamente ante los cambios repentinos en el equilibrio entre la oferta y la demanda.

A tenor de las fallas desveladas, con el episodio de La Gomera como desencadenante, resulta claro y diáfano que Canarias no superaría la prueba del algodón de una auditoría. Ni la sobada condición insular ni su compleja orografía constituyen justificaciones válidas para el abandono pertinaz de la infraestructura energética, con equipamientos obsoletos y con el agravante de falta de recursos suficientes para afrontar urgencias como el apagón del territorio colombino.

Un segundo aspecto, cuya trascendencia no es menor, radica en la necesaria competitividad del sistema energético. Una cuestión que atañe a un precio equilibrado de la energía que reciben las empresas y los hogares. Pero no es el único aspecto: una gobernanza desordenada de la energía socava la capacidad de la economía y la industria de un país.

Un apagón sin fecha de retorno supone un trastorno para cualquier núcleo poblacional que abona puntualmente sus facturas a cambio de un servicio fiable. Sin embargo, los daños no serían comparables con los que padecería una zona turística de Canarias, elegida por el turista nórdico, alemán o británico por la seguridad que le ofrece el destino, donde a la hora de la elección el factor energético es uno más junto al sanitario o la baja delincuencia. Sólo podría calificarse de desastre productivo y de imagen un apagón en un mundo donde prima la conectividad en todas sus vertientes.

La tercera pata para la estabilidad energética viene dada por la sostenibilidad, que tiene que ver con la reducción de los efectos perjudiciales de la prospección, producción y el consumo para el clima y el medio ambiente. La mitigación total de los combustibles fósiles es la meta, pese a las políticas involutivas, a circunstancias como la invasión de Ucrania por Putin o la pandemia. La hoja de ruta hacia la descarbonización se ha visto alterada. La búsqueda y exploración de energías alternativas es irrenunciable, sin obviar el hecho de que la transición hacia la mitigación total, por desgracia, va a ser larga.

Este panorama abierto obliga a Canarias a ejercer la presión necesaria para obtener toda la seguridad energética requerida. No podemos impulsar el recambio del parque móvil privado a favor de vehículo eléctrico si el sistema es incapaz de soportar un alza de las conexiones a la red. Es la pescadilla que se muerde la cola. La tecnología más que caduca del suministro eléctrico ralentiza la introducción de las energías alternativas.

Un abandono tan ostensible provoca susceptibilidades no deseadas, aparte de las desconfianzas derivadas de supuestos cálculos de rentabilidad. El bienestar de la población canaria, la seguridad de su modelo productivo y la sostenibilidad del paisaje y de su clima deben estar por encima de cualquier interés privado, conveniencia política e interminable burocracia. Sólo cabe una gobernanza energética transparente.

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