Quince años

Quince años soportando lo insoportable. Quince años hirviendo en el desprecio y la maldicencia ajena. Quince años con amigos perdidos para siempre y compañeros que te dejan la palabra en la boca y vecinos que se dan la vuelta al verte y de hijos, o sobrinos, o nietos a los que almas bienpensante les han contado que eras un ladrón. Quince años sobresaltándote por cualquier llamada telefónica, con cualquier telegrama, con cualquier correo electrónico.

Quince años entrando y saliendo del juzgado, una y otra vez, como en una danza enloquecida, y procurando reunir hasta el último euro para poder seguir pagándole al abogado. Quince años repasando atormentadamente, una y otra vez, los acontecimientos que llevaron (o no) a esa situación. ¿Y si ocurrió esto? ¿Y si se produjo un error de interpretación? ¿Y si se perdió ese papel? ¿Y si no ocurrió nada de eso y simplemente están buscando un false culpable o una cabeza de turco?

Quince largos, inacabables años intentando comprender que es lo que estaba pasando. Intentado entenderlo inútilmente. Quince años durante los cuales tus desvelos, tu carrera profesional, tu prestigio se han evaporado, y tienes que renunciar para siempre jamás a recuperar tu trabajo o a ejercer otro: vives del aire, del milagro, de una pequeña herencia, de la jubilación. Quince años de insultos, descalificaciones, chismes, traiciones, burlas, bilis, voces, quebrantos, enfermedades, miedos, fobias, angustias, silencios.

Después de 15 años el titular del juzgado de instrucción número cinco de Santa Cruz de Tenerife ha archivado el que se conoció en su día como caso de la Mutua de Accidentes de Canarias. A los 18 imputados iniciales se les atribuyeron delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. Apuesto a que la mayoría de los lectores no lo recuerdan. En la mañana del 15 de septiembre de 2009 la policía nacional entró en la sede de la MAC. Los directivos y el personal se quedaron estupefactos. Querían acceso a todos los expedientes porque la Seguridad Social –según el máximo responsable de los agentes de Policía –había detectado hipotéticas irregularidades contables.

La MAC es una entidad de derecho público que colabora con la Seguridad Social en materia de accidentes laborales y bajas por enfermedad, entre otros, y forma parte de la mayor organización mutual de España, con 340 centros y 8 hospitales propios y más de 436.000 empresas asociadas. En Canarias, a mediados de 2009, las empresas aliadas a la MAC superaban las 20.000. El impacto del registro en la sede de la mutua fue enorme dentro y fuera de Canarias.

El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, acusó a una “red interna” de haber desviado nada menos que 7 millones de euros a paraísos fiscales. El director gerente, Norberto Cejas, y la directora, Concepción Hernández, fueron destituidos fulminantemente, porque Granados y la policía (o viceversa) los consideraban los cabecillas de la trama: un conjunto de ocho empresas tapadera, controladas por familiares de Cejas y Hernández, que facturaban a la MA cantidades indebidas de decenas o incluso cientos de miles de euros.

Todo es delirante. La investigación de la Fiscalía fue inequívoca. No se produjo ningún acto ilegal. Solo se alcanzó a registrar la cantidad de 79.000 euros, que no se quedó nadie, porque fue exclusivamente el resultado de desajustes contables y de un despido. No existieron nunca empresas familiares. Nadie desvió ni un céntimo a Suiza. Las autorías anuales eran muy solventes y se ajustaban a la realidad contable. Por supuesto, ni la Policía Nacional, ni el señor Granados (exdiputado y exsenador) ni nadie ha ofrecido ya no una disculpa, sino una explicación de las razones de la Seguridad Social para que impunemente destrocen con tanta y tan tranquila furia vidas, haciendas y carreras.

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