El Ayuntamiento de Venecia ha llegado a un acuerdo con la empresa estadounidense Coca-Cola por el que permitirá a esta firma colocar durante cinco años expendedores automáticos de bebidas y comidas en sus calles a cambio de 2,1 millones de euros.

"Utilizar la imagen de Venecia y su espacio físico por la miserable cifra de 500.000 euros al año" -para instalar 38 distribuidores automáticos de bebidas- "significa haber vendido algo que se podría haber situado mucho mejor en el mercado internacional", agregó.

Para el miembro de AN, "si el destino de Venecia es su prostitución para mantenerse, entonces que ese comercio se realice en los niveles más altos, en consonancia con lo que fue la tradición veneciana en el sector".

El acuerdo con Coca-Cola forma parte de la política de la política del Ayuntamiento de Venecia (norte de Italia) de buscar financiación ante los numerosos problemas económicos que atraviesa, como ha confirmado su alcalde, Massimo Cacciari.

El alcalde ha querido aplacar las iras de los estetas italianos y ha prometido que los distribuidores "no alterarán" la belleza de la ciudad, pues no estarán a la vista, serán totalmente blancos y no mostrarán marca alguna.

Los expendedores serán 38 y se colocarán en los embarcaderos y muelles de los "vaporettos", medio de transporte de la ciudad, lo que ya ha sido criticado por el consejero de la Bienal de Venecia, Franco Miracco, porque "los embarcaderos están entre los puntos más sugestivos de la ciudad".

Para el presidente del Veneto, Giancarlo Galan, "si se comete un pecado es mejor hacerlo hasta el fondo. Llegan los frigoríficos?. Hazlos pagar más".

Galan, asegura en declaraciones que recoge hoy "La Stampa": "Nos arriesgamos a dar un gran paso hacia atrás en la escala del decoro".

"La Stampa" recogió ayer el malestar de los bares del centro histórico, que denuncian que los distribuidores automáticos restarán ingresos a sus negocios.

El acuerdo con Coca-Cola se une a otras iniciativas anunciadas por el Ayuntamiento de Venecia para recaudar fondos, como la polémica medida que prevé que los turistas paguen hasta tres euros al día por usar los baños públicos.