En noviembre de 2016, la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, anuncio una buena noticia para el sistema educativo del Archipiélago, que en 2017 va a recibir 42,2 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

Con este montante, que se incrementaba en un 246% , la titular de la Administración anunció las medidas previstas que mejorarán las políticas primordiales, como es la contratación de auxiliares educativos para la atención al alumnado con necesidades especiales, cuya partida asciende en un millón de euros; impulsar la enseñanza de idiomas, con una aportación que se duplica con un millón de euros más, o con el aumento del gasto en personal docente, que se sitúa en más de 20 millones de euros, fruto del crecimiento natural del coste de la plantillas, que la consejera estimó entre 8,5 y 10 millones de euros anuales.

El fruto de estas novedades seguramente se apreciará a lo largo del curso lectivo. Sin embargo, los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Canario siguen mostrando su descontento porque, mientras el primero requiere un "gran contrato social educativo", el segundo reprocha al Gobierno su actitud de "ignorar las soluciones para la educación pública" aprobadas en el Parlamento.

Estos son los temas discordantes y principales a los que se refiere Agueda Montelongo, diputada del grupo parlamentario popular, y Ana González, portavoz de Educación del PSOE en la Institución.

Los tonos, visiones y propuestas para la mejora de calidad en la enseñanza canaria son totalmente dispares en los dos grupos políticos. Agueda Montelongo considera que "nunca ha habido más acceso a la educación" como en la actualidad. La misma opinión muestra en relación a las instalaciones educativas de los centros de las Islas, porque "hemos superado el problema de barracones y de las aulas prefabricadas" . Pero a pesar de su positivo punto de vista, la diputada encuentra todavía dos barreras que Canarias debe superar: " la de los padres y de las instituciones", para lo que hace falta es un gran contrato social en el que se incluya a las administraciones, enseñantes y políticos, que permita la implicación de las familias.

Por su parte, Ana González, del PSOE acoge "con sentimientos contrapuestos" que el Gobierno, haya asumido para su gestión al menos una de las cuatro propuestas centrales en materia docente planteadas por su grupo en Parlamento. "El Gobierno, en su huida hacia delante, ignora las soluciones para la educación pública que aprobamos en el Parlamento", denuncia.

A pesar de ello, considera positivo que "el PSOE haya conseguido que Educación aumente las plazas de profesorado en el curso 2017/18.