Ante la inaplicación, por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, de la disposición adicional décimosexta de la Ley de Presupuestos Generales de la CCAA, sobre la jornada de los empleados públicos de 35 horas, el STEC-IC interpuso, el pasado 8 de abril, Conflicto Colectivo ante el Tribunal Laboral Canario, requiriendo la aplicación al personal laboral de Educación a jornada parcial del correspondiente incremento salarial. Ni la Consejería de Educación y Universidades ni la de Presidencia y Justicia se personaron en dicha demanda.
Por otro lado, el pasado 27 de noviembre de 2018, el STEC-IC presentó propuesta de enmienda a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2019, que no fue atendida por todos los grupos parlamentarios lo que, en consecuencia, ha significado que el personal laboral de jornada parcial, un total de 1.461 trabajadores/as, que prestan servicios en los centros educativos de Canarias, han venido realizando más horas de trabajo de las que se les está retribuyendo, desde el 1 de enero de 2019.
La insistencia del STEC-IC ha dado resultados positivos y el pasado viernes 17 de mayo, desde la Consejería de Educación y Universidades se comunicó a esta organización sindical que se habían dado instrucciones para, aceptando las demandas de esta organización, realizar los correspondientes ajustes en las nóminas del personal afectado y subsanar la situación denunciada, abonando con efectos retroactivos las cantidades adeudadas e incrementando el salario, con carácter inmediato, en el porcentaje correspondiente.
Por otra parte, el STEC-IC ha sostenido que la falta de recursos para implantar la reducción de horario lectivo al profesorado, en consonancia con lo establecido tanto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 como en la Ley 4/2019, de 7 de
marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, "no es más que una burda excusa del Gobierno de Canarias para desviar la atención sobre dicho asunto hacia el gobierno del estado en un
desesperado intento por eludir su incapacidad como responsable último del destino que se da a los presupuestos de Canarias".
Como prueba de el Gobierno de Canarias no ha estado contando toda la verdad sobre este asunto desde un principio señalan que finalmente para el personal del Servicio Canario de Salud sí han buscado recursos económicos para recuperar la jornada laboral a 35 horas semanales a pesar de que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, igual que en el caso de los docentes, condicionaba su implantación a que el Estado autorice a Canarias a gastar el superávit de ejercicios anteriores. "Así pues, los docentes son ya los únicos empleados públicosde nuestra comunidad autónoma que no han recuperado la jornada anterior a los recortes, lo que supone una discriminación inadmisible hacia este colectivo profesional".
