La publicidad, especialmente la emitida en televisión e internet, "influye en las actitudes y preferencias de los menores por la comida basura", repite una y otra vez el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Sin embargo, su intención de prohibir los anuncios que promueven los alimentos no saludables como el chocolate, las galletas o helados entre el público infantil, va camino de quedarse en un cajón. Si el próximo martes el Consejo de Ministros no aprueba la nueva regulación -y no hay señales de que esté madura para salir adelante-, no habrá tiempo de que entre en vigor antes de las elecciones generales, dado que tiene que ser remitida a la UE, que tiene varios meses para estudiar las legislaciones nacionales.
Por ello, en las últimas semanas Garzón ha redoblado los esfuerzos para convencer al ala socialista del Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, de que den luz verde a la normativa pero el tiempo se agota (el plazo máximo es el 31 de marzo) y, según ha confesado el ministro este viernes, el socio principal del Ejecutivo "no tiene interés en aprobarlo", lo que, según él, es una "mala decisión".
El problema viene de atrás, hace meses que los ministerios de Agricultura e Industria, en manos socialistas, vetaron la normativa expuesta a consulta pública por Consumo, haciendo suyos los argumentos en contra de los productores de alimentos cuya publicidad infantil sería vetada. Por ejemplo, el titular de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado públicamente más partidario de la "autorregulación que de los mecanismos prescriptivos, sobre todo el el ámbito de la alimentación". Sin embargo, la autorregulación lleva vigente 15 años -el Código PAOS- y según todos los estudios no ha servido para impedir la publicidad de bollos o galletas insanas dirigida a niños, de ahí que Garzón pretenda regularlo por ley.
El ministro ha hecho este viernes un último intento al instar públicamente al PSOE a "que apoye la tramitación del Real Decreto" porque aún queda margen, lo que resta de marzo, para "corregir el rumbo" y proteger al sector "más vulnerable". Al impedir la normativa, en su opinión, el ala socialista está anteponiendo "el negocio a la salud de los niños".
La incidencia
Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que nueve de cada 10 anuncios de alimentos dirigidos al público infantil son de productos poco saludables pese a que este colectivo "es especialmente sensible a la publicidad" y, por ello, demanda a sus padres comprar las galletas o dulces donde aparecen sus personajes preferidos. Todo ello en un escenario en el que el sobrepeso y la obesidad infantil crece, sobre todo en al etapa infantojuvenil. Según los últimos datos del estudio Aladino, la investigación de referencia en España, cuatro de cada diez niños entre seis y nueve años está por encima de su peso saludable y es un problema que afecta el doble a las familias con rentas bajas.
Para frenar este fenómeno, el propio presidente presentó el pasado verano el Plan Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil, denominado 'En Plan Bien', que prevé una reducción de la prevalencia de un 25% hasta 2030. Dicha estrategia contempla reducir el 'marketing' de productos insanos dirigidos a la infancia pero si el proyecto de Garzón no se aprueba, difícilmente se podrá cumplir en lo que resta de legislatura.
Nuriscore
Agricultura también ha puesto reparos a otra de las medidas defendidas por el ministro de Consumo: la etiqueta de colores nutricional Nutriscore, cuya regulación duerme el sueño de los justos tras encontrar reparos dentro del Gobierno, en la industria pero también entre los nutricionistas. Sin embargo, el veto a los anuncios de alimentos no saludables dirigidos a los niños cuenta con apoyo social y de las organizadores de consumidores.
