Sanidad privada

Inquietud entre las aseguradoras de MUFACE por una posible quiebra del modelo

Adeslas, ASISA y DKV muestran su preocupación por el futuro del modelo sanitario que atiende a un colectivo de casi dos millones de personas

Imagen de archivo de una protesta de CSIF en Madrid.

Imagen de archivo de una protesta de CSIF en Madrid.

Nieves Salinas

Preocupación entre las principales aseguradoras -Adeslas, ASISA y DKV- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) por una posible quiebra del modelo a costa de su financión. Según fuentes de las compañías consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, sólo entre las tres aseguradoras, llevan unas pérdidas acumuladas de más de 170 millones de euros en el ejercicio del año 2022, el primero del actual concierto. Pero además, indican, supondría llevar al sistema sanitario público "al colapso" al tener que asumir la atención de los casi dos millones de mutualistas.

MUFACE es el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, descendiente a cargo discapacitado,…) a los funcionarios adscritos. Las aseguradoras hablan de "primas desfasadas" que, a su vez, reducen los baremos que las compañías pagan a los médicos. Consideran que es preciso revisar el modelo, infradotado, insisten, tanto en términos absolutos como si se compara con la financiación de la sanidad pública.

Sólo en MUFACE, con datos de la última memoria del organismo, forman un colectivo que, a 31 de diciembre de 2021, ascendía a 1.499.451 personas, de las cuales 1.038.253 son titulares y 461.198 son beneficiarias. En total, si se tiene en cuenta al resto de mutualistas, ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial), el colectivo alcanza casi los dos millones de personas.

Quiebra del modelo

Las fuentes de las aseguradoras consultadas por este diario expresan su preocupación por una posible quiebra del modelo. Lo justifican de la siguiente manera: en diez años -2013-2023-, el gasto per cápita de comunidades autónomas y mutuas colaboradoras habrá aumentado un 60,6% y la prima ponderada de MUFACE un 31,6%. Es decir, cerca de la mitad. El dato supone que, si la prima de MUFACE era un 28,3% menos en 2013, diez años después la diferencia se habrá incrementado casi trece puntos, a un –41,2%.

El gasto total de las comunidades autónomas se ha incrementado un 42,0% en ocho años, mientras que el de MUFACE lo ha hecho en un 10,9%

Sólo con que la prima de un mutualista hubiera evolucionado en este periodo de tiempo igual que el gasto sanitario del resto de ciudadanos, en 2023 tendría que ser un 23% más (1.237 euros), indican desde las aseguradoras. Las mismas fuentes ponen otro ejemplo: el gasto total de las comunidades autónomas se ha incrementado un 42,0% en ocho años, mientras que el de MUFACE lo ha hecho en un 10,9%. Es decir, se quejan, cerca de cuatro veces menos.

Los baremos de los médicos

La presión de unas primas "tan desfasadas", admiten, reduce los baremos que las compañías pagan a los médicos que atienden a los mutualistas. Las tarifas de los médicos autónomos en España llevan meses sobre la mesa. Piden desde hace años baremos (honorarios) dignos y que las compañías actualicen lo que cobran por consulta.

Por otro lado, el concierto para la prestación de asistencia sanitaria de las compañías con MUFACE se debe renovar en 2025. El anterior entró en vigor a principios del 2022. Es por tanto el momento, dicen, de plantearse el camino a seguir porque consideran imprescindible "una revisión a fondo del modelo para equilibrar lo que se paga por un paciente en el sistema público y un paciente en el sistema privado". Entienden que "siempre habrá un menor coste" en la sanidad privada "por la mayor eficiencia del sector".

Y advierten del fin del modelo MUFACE "bien por eliminación por parte del Gobierno, bien porque las compañías se vean obligadas a salir porque no les resulta rentable". Eso, matizan, supondría "el colapso del sistema público" ya que dos millones de personas más engrosarían las listas de espera. Además, implicaría el cierre "de cientos de clínicas y policlínicas en capitales de provincia y miles de empleos perdidos".

La dirección de MUFACE es consciente "del impacto de la actual coyuntura económica en el presupuesto del concierto sanitario firmado para los años 2022-2024. También es sensible "a las quejas y reclamaciones formuladas por el colectivo mutualista o la representación sindical", indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde el Ministerio de Hacienda cuando se les consulta por esta cuestión.

Ahorro para el sistema

Cuando las aseguradoras hablan "de la eliminación por parte del Gobierno" de MUFACE, se refieren a aspectos como la Proposición No de Ley que, en septiembre de 2021, registraba Podemos en el Congreso de los Diputados con el fin de retomar su idea de integrar a los nuevos mutualistas en la sanidad pública. Una idea que, desde la sanidad privada, se consideró que supondría "el inicio del fin de un modelo bien consolidado", que supone un ahorro para el sistema público de entre 720 y 800 millones de euros al año.

Así consta en el último informe específico de la Fundación IDIS sobre el modelo de las mutualidades, que analiza su evolución y aportaciones y vislumbra las repercusiones de un hipotético cambio en el mismo. Con datos de 2020, la población cubierta por el mutualismo administrativo ascendia a casi 1,8 millones de personas. MUFACE es la entidad que cuenta con un mayor número de beneficiarios, concretamente el 65%. Por su parte, ISFAS cuenta con el 31%, y MUGEJU, con el 4% restante.

"Potenciales repercusiones"

El objetivo del informe de la Fundación IDIS era realizar un ejercicio teórico de "las potenciales repercusiones" que, bajo determinadas hipótesis, podrían existir en España en el caso de aplicarse un cambio en el modelo de mutualidades. Así, en el documento se hacen diversas estimaciones y se plantean diferentes hipótesis para ver el impacto que supondría la supresión del modelo.

Un hospital privado.

Un hospital privado. / EPE

Por ejemplo, que los mutualistas no tendrían la posibilidad de escoger entre sanidad pública o privada, de forma que directamente tendrán aseguramiento público o "la pérdida masiva en el número de asegurados, que podría conllevar el cierre de clínicas y hospitales privados en las comunidades autónomas en las que exista un elevado grado de dependencia de pólizas de mutualistas", augura este documento.

Un informe de la Fundación IDIS asegura que cada mutualista genera un ahorro de 344 euros

Tras poner sobre la mesa las distintas hipótesis, la Fundación IDIS llegaba a las siguientes conclusiones: una hipotética eliminación del actual modelo de mutualidades provocaría "un efecto en cadena". Y, en su informe, el último sobre este colectivo, concluye que el gasto sanitario per cápita de un mutualista es inferior al de un usuario del Sistema Nacional de Salud (947 euros versus 1.291 euros), por lo que cada mutualista genera un ahorro de 344 euros.

Inquietud de los sindicatos

Pero no sólo las aseguradoras y el sector de la sanidad privada han mostrado inquietud por el futuro del modelo. El pasado otoño, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aseguraba que existía "mucha preocupación" por la prestación sanitaria de los mutualistas. Desde el sindicato, decían tener constancia de que algunos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisaban las partidas económicas anuales.

El trasfondo es una histórica falta de inversión para mantener ese modelo de asistencia sanitaria, señalaba el sindicato. A día de hoy, indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el discurso sigue en la misma dirección poniendo el acento en el punto de vista del usuario para garantizar los servicios y prestaciones. En abril de ese mismo 2022, CSIF, junto a JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, y JUCIL, la organización con mayor representación en la Guardia Civil, presentaban los resultados de una encuesta donde recogían miles de quejas por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios: hasta el 50% de los encuestados denunciaban que se les había recortado esa atención sin previo aviso.