Cambio histórico: los interinos se convierten en funcionarios

El Tribunal Supremo de España ha emitido una decisión trascendental al ratificar de manera definitiva las modificaciones introducidas en el Real Decreto de 2021, relacionadas con las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta decisión legal marca un hito en el ámbito del empleo público y afecta a cientos de miles de trabajadores en toda España.

La regulación en cuestión ha permitido la transición de empleados interinos de la Administración Pública hacia la codiciada categoría de funcionarios, sin la necesidad de someterse a procesos de oposición. Sin embargo, esta transición viene acompañada de una condición fundamental: se aplica exclusivamente a aquellos interinos que estaban en servicio antes del 1 de enero de 2016 y que cuentan con más de 5 años de experiencia en sus roles.

Los funcionarios representan una figura de empleados públicos que disfrutan de puestos de trabajo permanentes y estables en la administración pública. Han pasado por rigurosos procesos de selección, como el concurso-oposición, y cuentan con contratos laborales de carácter indefinido.

Un camino excepcional

Por otro lado, los empleados interinos son profesionales del ámbito público que ocupan temporalmente posiciones vacantes o reemplazan ausencias temporales de funcionarios titulares. Sus nombramientos son provisionales, y la duración varía en función de la justificación de la necesidad que motiva su contratación.

Históricamente, la condición de funcionario requería la superación de un proceso selectivo, pero esta decisión legal ha abierto un camino excepcional. Aquellos interinos que comenzaron sus labores antes del 1 de enero de 2016 y que acumulan al menos 5 años de antigüedad ahora pueden acceder a esta codiciada categoría de empleo público.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) ha confirmado que esta medida heterogénea tiene un alcance que abarca a todas las entidades de la administración pública y al sector público empresarial, teniendo un impacto directo en más de 600.000 individuos. Esta decisión representa un cambio significativo en el panorama del empleo público en España y plantea importantes implicaciones para el futuro de los trabajadores del sector público.