El Gobierno suspende el "bochornoso" proceso selectivo para las plazas de Administración y abre expediente informativo

La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias ha suspendido cautelarmente la "bochornosa" oposición para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el cuerpo de Administrativo (grupo C, subgrupo C1) de la Comunidad Autónoma de Canarias. En un comunicado, indica que ha acordado la apertura de un expediente informativo para esclarecer todos los hechos acaecidos desde el 1 de octubre, cuando la indignación se propagó entre los aspirantes que hicieron un examen "de una dificultad teórica sobredimensionada y abundante exposición al fallo en las opciones de respuesta", tal y como denunció el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).

Aunque fueron admitidas 11.400 personas, se presentaron 4.000 opositores a las 32 plazas ofertadas por turno libre. A la salida del examen, el sentimiento de injusticia ante lo que acababan de presenciar los aspirantes llegó en forma de quejas y reclamaciones presentadas ante Función Pública. Víctor Cabeza, fundador y director de la Academia Las Cortes que prepara oposiciones y lleva más de 20 años de experiencia en el sector público, vaticinó que se batiría "un triste récord" a la baja de aprobados porque no había "ningún mérito aprobar ese exame, es de pura memoria".

Solo nueve aprobados de 4.000

En los días posteriores, los miembros titulares del tribunal calificador -designado el 17 de mayo con un presidente, un secretario y tres vocales- presentó su renuncia. El 5 de octubre, el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez, aceptó la dimisión y “por razones organizativas y en aras de permitir la conformación de un nuevo tribunal calificador”, cesaba a los cinco suplentes que completaban el órgano, algo que tendría efecto una vez se publicaran las calificaciones. De las 4.000 personas presentadas, aprobaron solo nueve.

Los motivos de la renuncia del tribunal no han sido expuestos en la resolución ni en la reunión mantenida este 6 de octubre entre la Dirección General de Función Pública y cinco sindicatos. "Dimos nuestro visto bueno a las acciones", reconoce Manuel González, secretario general de Sepca, quien añade que "es bochornoso que ocurran estas cosas en un proceso selectivo y afecte a personas que llevan tiempo preparándose una oposición".

Ante la renuncia del tribunal, el Gobierno de Canarias también ha decidido suspender el examen del próximo 14 de octubre del primer ejercicio de la fase de oposición de Auxiliar hasta que se designe al nuevo órgano calificador y se proceda a acordar nueva fecha de celebración.

Parentesco directo con la exdirectora

En la nota enviada, el Ejecutivo regional remarca que "las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública". Con un 7,5, Tania Carolina Escarbajal Márquez obtuvo la mayor nota, seguida de un 7,4 de Rayco Fumero Casañas.

Águeda Márquez Fuentes fue nombrada como directora general de Función Pública en febrero de 2023 en sustitución de Montserrat García y estuvo en el cargo hasta el 7 de agosto. En ese periodo, firmó la resolución por la que se designaba al tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el cuerpo administrativo grupo C, subgrupo C1 y dio su vistobueno a la lista de admitidos.

Cabe recordar que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) solicitó la suspensión de la celebración de la primera prueba ante los recursos de reposición presentados por aspirantes que resultaron excluidos de las listas y, por ende, no pudieron realizar el primer ejercicio el 1 de octubre. Pero finalmente se decidió celebrar un primer ejercicio para la lista aprobada y convocar una segunda prueba para aquellas personas cuyos recursos fueran estimados.

Ante todo lo sucedido, Víctor Cabeza ya ha anunciado que estudia acudir a la Fiscalía porque tiene sospechas de indicios de corrupción, sin desvelar, por el momento, más detalles. Sepca, por su parte, no descarta tomar acciones judiciales si fuera necesario.