Niegan indemnizar a un niño canario por el tiempo que pasó su padre en prisión

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de que un niño tinerfeño sea indemnizado con 11.800 euros después de que su padre estuviera 59 días en prisión preventiva y quedara luego absuelto.

El procesado y su empresa pedían un total de 454.000 euros en concepto de responsabilidad por el mal funcionamiento de la Justicia de los que finalmente se les reconoció el derecho a recibir 1.500 euros.

Este hombre fue detenido en 2011 dentro de una operación llevada a cabo en el sur de Tenerife enmarcada en la lucha contra la camorra italiana al ser considerado uno de los supuestos cabecillas de esta trama.

En cuanto al niño se alegó los perjuicios morales derivados del alejamiento forzoso de su padre pero la Audiencia en su sentencia echa en falta una prueba de que se produjo una especial afectación al menor y no pudo demostrar que convivieran juntos.

El procesado recuerda que cuando fue detenido tenía 31 años vivía en Adeje y que su permanencia en prisión resultó especialmente gravosa y más aún cuando fue incluido en el régimen de delincuentes a los que se equipara con los terroristas.

Esta última medida suponía que viera limitado el número de envíos postales semanales, que las llamadas telefónicas y visitas fueran restringidas y grabadas, excepto la de su abogado y no se le permitiera compartir celda con otros reclusos.

Durante el tiempo que permaneció privado de libertad fue trasladado a la península y no pudo recibir visitas de familiares, todo lo cual, según su defensa," dio lugar a un desprestigio social hasta el punto de considerar que aún hoy la rehabilitación de su nombre ha sido nula pese a haber quedado absuelto".

La familia dependía de sus ingresos exclusivamente por lo que durante esos dos meses su esposa e hijo no contaron con ningún tipo de ayuda económica ni social.

La empresa de su propiedad pidió ser indemnizada al verse afectada durante dos años debido al "absoluto colapso de su actividad", tener que despedir a todo el personal y perder el contrato con una empresa hotelera, por lo que reclamaba 73.000 euros al Estado y también reclamó 11.800 euros por estar lejos de su hijo.

El hombre denunció que el procedimiento judicial estuvo paralizado durante períodos "muy prolongados" hasta que finalmente concluyó en el juicio celebrado el 25 de enero de 2016 y la sentencia se hizo pública el 11 de mayo, aunque no fue hasta seis meses después que se levantaron las medidas cautelares.

El ciudadano quedó detenido en octubre de 2011 acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales y de asociación ilícita por lo que entró en prisión provisional de la que salió tras pagar 60.000 euros.

Paralelamente se embargaron sus bienes, cuentas bancarias, depósitos de valores, títulos acciones, deuda pública y demás productos financiero y una vez que quedó libre tenía que acudir cada semana al Juzgado, no podía salir del territorio nacional, entregó el pasaporte y debía estar permanentemente localizado