Lanzarote
Fiscalía retira la acusación a cinco personas al inicio del juicio de la 'Operación Jable'
El tribunal suspende las vistas debido a la incomparecencia por enfermedad de María Isabel Déniz, aunque Anticorrupción pudo plantear sus modificaciones para "agilizar" el proceso
Primer día de juicio de la 'Operación Jable': el exlíder del PIL, Dimas Martín, y la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, entre los acusados / José Carlos Guerra
La Fiscalía Anticorrupción retiró este lunes, al inicio del juicio que se sigue contra la Operación Jable, la acusación contra cinco de las personas que estaba previsto se sentaran en el banquillo de los acusados después de que las autoridades policiales y judiciales desarticularan una red de supuestos sobornos que tenía en el centro a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, promoviendo adjudicaciones de obras y servicios a cambio de viajes, regalos y otras comisiones. Es la última de las piezas que quedan por juzgar en el Caso Unión, la gran trama corrupta que durante años sacudió la política en Lanzarote bajo la figura de Dimas Martín y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
En la primera sesión de la vista, que posteriormente fue suspendida debido a la incomparecencia de la propia Déniz por enfermedad, el fiscal anticorrupción en Las Palmas, Javier Ródenas, puso el acento sobre las dilaciones indebidas durante el proceso. Ello le obligará, comentó, a solicitar penas en las horquillas inferiores de los distintos tipos penales de los que acusa a once personas por asociación ilícita, prevaricación, cohecho, violación de secretos, falsedad en documento público, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y fraude.
Ródenas indicó que el delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos del que acusaba a Manuel Jesús Spínola, Julio Pedro Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo está prescrito en el tiempo. Esto es así porque los hechos tuvieron lugar en el año 2005 y no se les detuvo hasta el año 2010, es decir, cinco años después de cesar la actividad delictiva de la empresa Gamma Install, S. L., que tuvo como clientes a los que prestaron diversos servicios -redacción de proyectos y anexos a los mismos- a numerosas mercantiles que tuvieron que obtener informes o licencias de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife o del Departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote. En ellas, ejercían sus labores dos de los acusados, Rafael Arrocha y Manuel Jesús Spínola, quienes facilitaban esos trámites a cambio de comisiones. Existe, por tanto, según el fiscal, "una extinción de la responsabilidad penal", puesto que el lapso no debía haber superado los tres años.
El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, durante el juicio. / José Carlos Guerra
Por otro lado, a Enrique Astorga se le retira la acusación porque no tuvo responsabilidad en los hechos delictivos que se le imputaban -cohecho- porque solo se encargó de firmar el pagaré de 17.340 euros por el cual se abonó un viaje a Marruecos de la exregidora Déniz y su familia. Según Fiscalía, es el otro acusado, Enrique José Hernández como representante de la empresa FCC Construcción, el único que tiene la responsabilidad penal de esa dádiva.
Intervención quirúrgica
El abogado de María Isabel Déniz, José María Calero, solicitó al inicio de la vista que esta se suspendiera debido a que su clienta no podía participar en la misma al encontrarse convaleciente de una reciente intervención quirúrgica a finales de marzo. Según explicó, los facultativos que la atendieron le recomendaron reposo y evitar situaciones de estrés durante uno o dos meses, por lo que no puede asistir, ni presencialmente ni por videoconferencia, a las sesiones previstas desde este lunes y en las próximas semanas. Además, insistió en que no pudo preparar su estrategia para el juicio en las jornadas previas.
Según el letrado, Déniz acudió a un centro sanitario con un fuerte dolor de cabeza, y tras realizarle pruebas se decidió intervenir quirúrgicamente. Permaneció hospitalizada durante 19 días, saliendo del hospital el pasado 13 de abril. Muchas de las defensas de los acusados se adhirieron a la petición de su colega para suspender la vista y tratar de cuadrar en el calendario de sesiones la comparecencia de la exalcaldesa cuando se encuentre en mejor estado de salud.
El abogado de María Isabel Déniz, José María Calero, en el centro durante la sesión de este lunes. / José Carlos Guerra
El fiscal Ródenas, por su parte, solicitó un informe al médico forense de guardia de Arrecife para que valore el estado en el que se encuentra la acusada y si es posible que pueda comparecer en la práctica de la prueba. Llamó a "conjugar un equilibrio entre el derecho a la defensa y el calendario de sesiones" con el objeto de evitar mayores dilaciones en el proceso. Un planteamiento al que se adhirieron las acusaciones -a cargo del Ayuntamiento de la capital lanzaroteña y la asociación Transparencia Urbanística- y varias de las defensas que pidieron no perjudicar a sus clientes y poder continuar con las vistas tratando de no dañar el derecho de María Isabel Déniz a la tutela judicial efectiva.
Décadas en los tribunales
Esta es la última pieza del caso Unión, una macrocausa que ha tenido en el epicentro al PIL de Dimas Martín durante más de diez años. El que fuera alcalde de Teguise, presidente del Cabildo de Lanzarote, diputado autonómico y senador, lleva décadas actuando de manera irregular, tal y como han demostrado varias sentencias en su contra, en sus distintos puestos de responsabilidad pública. Su paso por los tribunales comenzó en 2001, cuando fue condenado por comprar el voto de un concejal del PP, lo que le permitió acceder a la alcaldía. Por ese hecho, no fue a la cárcel. Sí que estuvo entre rejas al ser condenado, en 2004, por malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones y delito contra la Seguridad Social en su etapa como alcalde de Teguise en 1989.
Tras ser condenado a ocho años de prisión, le concedieron el tercer grado tras haber pasado solo uno de ellos. Otro fallo judicial, de 2016, le condenaba por malversación y prevaricación junto con el ex viceconsejero de Justicia, Francisco Rodríguez-Batllori, quien medió en que Martín lograra ese tercer grado. Antes, en 2011, volvió al banquillo por autorizar la excavación y desmonte de Los Dolores para construir unos baños, destruyendo una parte de la colada volcánica protegida, cuando estaba al frente del Cabildo de Lanzarote. También se le penó en noviembre de 2017 por construir una piscina y ampliar ilegalmente su vivienda en el paraje rústico de Los Rostros. Su último encuentro con la justicia, en 2019, se saldó con siete años y cinco meses de cárcel por la financiación irregular del PIL. Desde 2020, Martín disfruta de permiso que le permite no estar entre rejas.
Finalmente, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas tomó la decisión de suspender las vistas hasta el próximo lunes, periodo en el que un equipo médico forense valorará el estado de salud de María Isabel Déniz y si puede o no comparecer, ya sea personalmente o por videoconferencia, en las sesiones.
Retraso "injustificable"
Pese a la suspensión, el tribunal -con el beneplácito de las partes- se abrió a escuchar las precisiones previas del Ministerio Fiscal, entre las que se encontraba la retirada de cargos contra cinco de los 16 acusados que quedan, ya que uno de ellos, Matías Curbelo, falleció en 2018, quedando extinguida su responsabilidad penal. Ródenas calificó de "injustificable" el retraso en la fase intermedia de preparación para la vista oral. "Se han tardado cinco años en decidir dos incidentes de recusación cuando el máximo legal permitido es de 30 días", censuró. Y es que el primer auto para conformar tribunal se dictó en septiembre de 2017 y, hasta octubre de 2022, no se conformó la actual sala y se aprobó el calendario de sesiones.
De izquierda a derecha, la ponente Mónica Herrera, el juez Juan Manuel Ruiz y la magistrada Oscarina Naranjo durante la sesión. / José Carlos Guerra
En esta última de las piezas del caso Unión, además de la exalcaldesa de Arrecife y del antiguo líder del PIL, también se sientan en el banquillo de acusados el exjefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, Juan Rafael Arrocha, y al que fuera secretario municipal, Felipe Fernández Camero. Entre los cuatro, según las acusaciones, recibieron 46.674 euros de FCC por la obra del pabellón deportivo en Argana Alta, así como 757.000 euros en regalos y sobornos pagados en metálico por la empresa Tecmed, luego convertida en Urbaser SA, adjudicataria del servicio de recogida de basuras en Arrecife.
Por ello, Fiscalía interesa penas que, en principio, van desde los 19 años y medio a Arrocha y un año y diez meses de cárcel para el gerente en Lanzarote de la empresa Tecmed, S. A., Jacinto Álvarez. El juicio continuará, presumiblemente, el próximo lunes, una vez se disponga del informe médico forense de la exalcaldesa.
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