Retiran los cargos de trata de personas contra las acusadas de captar a dos venezolanas para prostituirlas

La Fiscalía retira los cargos de trata de personas contra dos mujeres, de origen venezolano, acusadas de traer de forma irregular a dos compatriotas a Las Palmas de Gran Canaria y de hacerles pagar 4.000 euros mediante el ejercicio de la prostitución para sufragar los costes de entrada y residencia en la Isla. La fiscal acordó con la defensa de Y. M. M. una pena de nueve meses y un día de cárcel por un delito de inmigración ilegal, en lugar de los cinco años que pedía inicialmente, mientras que la otra procesada quedó absuelta. Una de las denunciantes, que identificó a la mujer absuelta (S. M. A. A.) en las dependencias policiales, la describió durante el juicio celebrado este martes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas como una mujer rubia y alta que les había recogido a su llegada al aeropuerto, lo que no coincide con sus rasgos.

Las versiones de las dos testigos protegidas difieren a la hora de afirmar si conocían o no el motivo de su viaje antes de coger el avión. "Yo no sabía de qué era el trabajo, mi amiga solo me dijo de venir a trabajar a España. Me di cuenta de qué iba el día que llegué, cuando nos llevaron al local", aseguró la primera de las denunciantes, que testificó en la vista oral por llamada telefónica. La segunda desmintió esto y aseguró que S. M. A. A., en las conversaciones que mantuvieron ambas por WhatsApp, les pidió que mandaran fotos y les informó de que para sufragar los gastos les iban a trasladar a un negocio donde ejercerían la prostitución, a lo que accedieron.

La primera de las testigos explicó que estaba pasando por una situación "difícil" en su país de origen, en Venezuela, pues estaba en medio de una crisis económica y vivía con su madre y con su abuela, a las que tenía que mantener. Es por ello que se trasladó a la República Dominicana aunque, según afirma, estos ingresos no eran suficientes para atender a las necesidades de su familia. Su amiga le pasó el contacto de Y. M. M., a la que conocía con el apodo de Carmen, para facilitar su entrada a España, por lo que se puso en contacto con ella.

Las defensas alegan que las denunciantes estaban de acuerdo en ejercer como damas de compañía

La denunciada compró los billetes de avión, el seguro y el alojamiento turístico de ambas para crear la apariencia de que eran turistas, lo que permitió su entrada al país. Según la versión de la primera denunciante, una vez llegaron a la Isla, les recogieron en el aeropuerto Y. M. M. y otro hombre para trasladarlas al negocio conocido como "La Mansión Azul", en Las Remudas. Asegura que, a su llegada, les dijo que tenían que pagar 4.000 euros como multa por haber sufragado estos gastos, cuyo coste real era de 1.254 euros. Una vez allí trabajó "las 24 horas del día" durante una semana, según afirma, aunque no llegó a entregar el dinero porque un día antes llegó la policía.

La segunda denunciante también se encontraba en una situación económica difícil en su país de origen, testificó, y por ello se trasladó a la República Dominicana. Allí asegura que S. M. A. A., a la que conocía como Lily, contactó con ella por mensajería y les ofreció financiarles la entrada a España a cambio de que pagaran después la multa ejerciendo la prostitución. "Solo venía a ver cómo era el trabajo y, si me gustaba, me quedaba", detalló en su testimonio.

La situación de "indefensión", a debate

La defensa, ejercida por los letrados Rafael Jiménez y Gustavo Adolfo Santana, argumentó que ninguna de las denunciantes se encontraba en una situación de necesidad, pues ambas contaban con trabajos estables en la República Dominicana. Jiménez apuntó a que la primera testigo había declarado a la policía que "cuando estaba en República Dominicana, Carmen le dijo que venía a ejercer la prostitución". "No me lo dijo con esas palabras", negó sin embargo durante la vista.