Un hombre va a juicio por cerrar una casa de apuestas deportivas y quedarse con el dinero de la caja

Un hombre cerró un trato en febrero de 2020 con una conocida casa de apuestas deportivas de Canarias para explotar de forma conjunta un local de su propiedad, que pretendía destinar a la práctica de actividades lúdicas en Las Palmas de Gran Canaria. Tres años después, el empresario se enfrenta a una pena de seis años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida hacia el que fuera su socio en aquel momento. La acusación pública apunta a que, de un día para otro, cerró el negocio por su cuenta y se quedó con más de medio millón de euros custodiados en la caja.

El encausado, identificado en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía con las iniciales A. C. M., testificará el próximo martes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Cabe destacar que el contrato que firmó en su día con la entidad privada lo situaba como el depositario del dinero recaudado, el cual provenía de las apuestas realizadas en el local, pero establecía que, en todo caso, la compañía era la propietaria del negocio y, por tanto, de los beneficios que generara la actividad empresarial en el día a día.

El estallido del conflicto entre el denunciado y la compañía se produjo el ocho de febrero de 2021, apenas un año después de iniciar la actividad de forma conjunta. En ese momento, "el encausado, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito, procedió a cerrar el establecimiento de apuestas de forma unilateral, quedándose con la cantidad de 467.089,36 euros fruto de las apuestas realizadas", denuncia el escrito del fiscal. 

Retiene los materiales en el local

Además, desde que iniciaron la actividad, la empresa supuestamente se habría hecho cargo de dotar al establecimiento de los dispositivos y sistemas electrónicos necesarios para llevar a cabo las apuestas, similares a los que tienen en otros establecimientos del Archipiélago y que habrían cedido, en cualquier caso, en concepto de depósito. Con el repentino cierre, estos instrumentos quedaron retenidos en el interior del establecimiento por parte del acusado para sacar provecho de ellos, según mantiene la acusación. Estos materiales tienen un valor en el mercado que asciende a 77.007 euros.

Un mes después de los hechos, el procesado recibió en su vivienda el primer aviso notarial para que procediera al pago, al que le siguieron nuevos burofaxes en febrero y marzo de ese año, pero se mantuvo en su intención inicial y optó una vez más por no devolvier el dinero a su antiguo socio. "Los hechos narrados son constitutivos de un delito de apropiación indebida previsto y penado en el artículo 253.1 del Código Penal", defiende el escrito de acusación.

El contrato que firmaron establecía que la propietaria del negocio era la empresa nacional

La Audiencia Provincial valorará si son ciertas las acciones que se le atribuyen a A. C. M. y en caso de ser constitutivas del delito, estimará la condena correspondiente. Por su parte, el encausado defenderá y expondrá su punto de vista de los hechos en la vista oral de esta semana.

A los cargos penales de prisión que solicita el fiscal se podría sumar una multa de 10 euros diarios a pagar durante 18 meses, además del abono de los costos procesales, la devolución de las cantidades retenidas -que ascienden a un total de 544.097 euros, cantidad en la que estaría incluido el precio al que ascienden en el mercado los materiales comprados por la entidad para el desarrollo de las actividades en el local así como los intereses respectivos- y la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.