El relaciones públicas de una discoteca de Playa del Inglés va a juicio por una presunta violación a una clienta

El encargado de relaciones públicas de una discoteca del sur de Gran Canaria se enfrenta a juicio este jueves, 28 de septiembre, por una supuesta violación a una clienta del local durante el ejercicio de su profesión. El denunciado se habría ofrecido a acompañar a la víctima a un lugar más tranquilo para después dirigirle a una habitación apartada del club, donde habrían tenido lugar los supuestos abusos. La acusación pública solicita una pena de doce años de prisión y diez años de libertad vigilada al atribuirle la autoría de un delito de agresión sexual.

El encausado, identificado con las iniciales A. H. en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, se encontraba en España de forma irregular y tenía 33 años en el momento de los hechos. El presunto delito habría tenido lugar entre la noche del 30 de octubre de 2021 y la madrugada del 31. En ese momento, el supuesto autor se encontraba en el interior de la discoteca donde trabajaba, ubicada en un centro comercial de Playa del Inglés, y se dirigió a la denunciante para entablar una conversación.

Pasados unos minutos, el acusado tuvo la idea de trasladar a la víctima a otra habitación del local, a lo que esta aceptó. "Una vez allí, el procesado, con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y a sabiendas de que con ello menoscababa la libertad sexual de la misma, intentó besarla en diversas ocasiones", asegura el escrito de la acusación del fiscal. La respuesta de la mujer fue de intentar apartarse y negarse a que continuara por esa línea.

Agresión en el club nocturno

A partir de ahí, los hechos habrían subido de intensidad, como apunta el sobrecogedor relato de la víctima que recoge el documento del denunciante. "Ante la negativa, el procesado la empujó contra el sofá, la colocó boca arriba, le agarró fuertemente los brazos, le bajó las bragas y la penetró vaginalmente", defiende el fiscal.

La víctima sufrió lesiones por estos hechos, como acreditan los documentos presentados ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que se ocupará de investigar la veracidad del relato y la gravedad del supuesto delito. El informe médico señala que la denunciante tenía rota la uña de la mano izquierda, que presentaba dos erosiones superficiales y paralelas entre sí en el brazo derecho así como dos pequeñas erosiones en los genitales externos, concretamente en el labio superior derecho.

La perjudicada reclama en compensación por estos daños cuantas acciones civiles y penales puedan corresponderle. Además, la Fiscalía pide que se limite cualquier tipo de contacto entre denunciante y denunciado. Si los magistrados validan lo solicitado por la acusación pública, una vez cumplida la condena en prisión, se establecería una medida de libertad vigilada durante diez años. Durante este tiempo, A. H. tendría prohibido aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, así comunicarse con ella por cualquier medio, y estaría obligado a participar en programas de educación sexual durante ocho años.

Expulsión de España

Además, el fiscal reclama su inhabilitación para cualquier profesión en la que esté en contacto regular y directo con menores de edad durante 22 años. Remarca que, si se dicta condena, las penas de prisión se sustituyan por libertad condicional y por su expulsión del territorio español, al tratarse de un ciudadano nacido en Marruecos. También reclama una indemnización de 30.000 euros a la víctima para cubrir los costes médicos derivados de la agresión.

El procesado lleva en prisión provisional por el delito del que se le acusa desde el seis de noviembre de 2021, pues pasó a las dependencias policiales seis días después de la fecha en la que se sitúan los hechos.