Un empresario inmobiliario, a juicio por un supuesto fraude fiscal

Un empresario inmobiliario que ha participado en la compraventa y explotación de numerosas propiedades en Canarias se enfrenta a juicio por un supuesto fraude a la Agencia Tributaria de 251.478 euros. En su gestión al frente de cinco mercantiles, sumó ingresos no declarados por un valor de 768.200 euros, de los que ya ha devuelto un 67%. El acusado, Domingo V. T., tampoco dejó constancia en las cuentas anuales de la sociedad que administraba del ingreso de los alquileres ni de cómo afrontó económicamente la adquisición de una pizzería en Gran Canaria y de siete locales del Centro Comercial Punta Larga, en Tenerife.

La vista oral arrancará este jueves ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y está previsto que se extienda a lo largo de dos sesiones, concluyendo el viernes. Al empresario se le imputa un delito societario por relegar a su compañera, con la que compartía un 50% de las participaciones, y otros tres de falsedad en documento mercantil por simular la celebración de juntas con otros miembros de la entidad. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de ocho años de cárcel, una multa de 502.956 euros y una indemnización de 251.478 euros a la Agencia Tributaria.

Domingo V. T. constituyó junto a otro socio en 1998 la sociedad Lazurita S. L., destinada a la compraventa, arrendamiento, explotación y urbanización de bienes urbanos y rústicos. El segundo socio vendió más adelante sus participaciones a un tercer actor, que apoderó de manera amplia a su madre. Sin embargo, en el año 2000 "el acusado, valiéndose de su cargo de administrador único de la entidad y simulando la presencia de la otra socia, a la que no había citado ni personalmente ni tampoco a través de su representante, emitió dos certificados en los que hacía constar que se habían celebrado juntas universales para acordar la ampliación de capital", sostiene el escrito de acusación del fiscal.

Falsificó dos certificados de juntas universales en las que no participó su socia

Para hacer frente a la primera operación, el encausado habría traspasado 27 cheques por un valor total de 237.427 euros (39.500.000 pesetas en aquel momento) desde la cuenta bancaria de la empresa de viajes Ecotours, en la que también ejerció como administrador único desde 1999 hasta 2010. El fiscal asegura que repitió la misma acción para la segunda ampliación de capital, de la que solo se ha podido concretar el origen de una parte del crédito.

De esta manera, se hizo con una posición dominante en la mercantil y relegó a su socia, que hasta ese momento había ostentado el 50% de las participaciones, a un 0,5%. "Otra parte del dinero procedente de las cuentas de Ecotours e ingresado en la de Lazurita fue retirado mediante talones emitidos a favor de la mujer del acusado", añade el fiscal. La acusación también relata otra transferencia, realizada a favor de la empresa inmobiliaria Dovertru, en la que figuraba el encausado como administrador único. Para justificar estas operaciones, que generaron un perjuicio económico a Ecotours, Domingo V. T. habría simulado una tercera junta.

Compraventa de locales

El acusado compró entre el año 2000 y el 2001 siete locales en el Centro Comercial Punta Larga, de la localidad de Candelaria, a través de Lazurita. "Se concertó con la vendedora contratos de opción de compra y se entregó como precio de esta opción la cantidad de 6 millones de pesetas (36.060 euros), a descontar del precio de la posterior compraventa fijado en 81 millones de pesetas (486.819 euros)", mantiene la acusación. Una parte se abonó por préstamo hipotecario, pero no consta el origen ni la titularidad de los 36.060 euros iniciales.

También aportó 50 millones de pesetas (300.506 euros) para adquirir en el año 2000 un local a la entidad Pizzería Guayarmina, de los que "solo se ha podido concretar el origen de una quinta parte, que salieron de la cuenta personal del acusado", alega el fiscal. Según el escrito, este establecimiento se vendió finalmente y aportó un beneficio contable para la sociedad de 13.316 euros.

El procedimiento arrancó en 2003, pero se ha retrasado por la ampliación de la denuncia

Por otra parte, el acusado abrió una cuenta corriente en la que figuran como titulares tres entidades en las que ejercía como administrador: Ecotours, Lazurita y Cartoon's Islands. Realizó traspasos desde la primera empresa a la cuenta común por un importe total de 28 millones de pesetas (168.283 euros). Después lo transfirió a la cuenta de la sociedad Dohebo, en la que figuraban como socio él y su mujer, y la cuantía volvió a parar a Ecotours.

El 11 de junio de 2007, la Agencia Tributaria recibió el oficio del Juzgado de Instrucción número dos de Las Palmas que manifestaba "la existencia de facturas y pagos realizados por las entidades Mezclas Asfálticas Canarias y Matías Marrero Construcciones y Obras a la entidad Ecotours". Al examinar las cuentas, Hacienda detectó que en cinco de ellas figuraban ingresos no declarados emitidos por estas empresas. Por tanto, realizó una propuesta de liquidación, en la que figura una base imponible en 2003 de 769.200 euros.

El escrito señala la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas en la petición de pena. El fiscal relata que "desde la incoación del presente procedimiento, en 2003, la causa ha sufrido numerosas dilaciones en su tramitación, como consecuencia de las sucesivas y pretendidas ampliaciones de denuncia, las tardías personaciones de las múltiples acusaciones particulares y de los numerosos recursos interpuestos por estas ante las diversas resoluciones del Juzgado de Instrucción".