La Fiscalía presenta una querella por la fiesta de lujo para funcionarios

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra la entonces alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, las interventoras Tania y Noemí Naya y otros encargados de la organización del congreso de funcionarios de 2022 que supuso un gasto de dinero público de 500.000 euros. La fiscal de Asuntos Económicos, Evangelina Ríos, ha interpuesto la denuncia al detectar indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación en la celebración del evento que continuó con tres fiestas de lujo con cena, espectáculos de Carnaval con fuegos artificiales y un concierto privado de Dani Martín.

Las partes implicadas en el proceso no han sido informadas de momento de la interposición de la querella y el juzgado instructor competente deberá decidir en los próximos días si admite a trámite las pesquisas. La investigación del Ministerio Público se abrió hace más de un año, en diciembre de 2022, a raíz de la denuncia penal interpuesta por Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana. La formación política se dirigió en primer lugar a Anticorrupción, que envió el procedimiento a la Fiscalía Provincial al no apreciar indicios delictivos de su competencia.

En la querella también figuran otros investigados, como el técnico del Consorcio que redactó los pliegos para la TDT -el organismo utilizado para adjudicar el contrato-, el propietario de R. S. Sonocom -la empresa adjudicataria para organizar el evento- o el secretario de la Mesa de Contratación. El contrato administrativo del congreso objeto de las pesquisas fue aprobado, publicado, adjudicado y firmado en un plazo de apenas 70 días por un procedimiento negociado con urgencia y sin publicidad.

La Fiscalía ve indicios de malversación, prevaricación y falsedad documental

La denuncia presentada por Coalición Canaria a la Fiscalía sostenía que podía existir una malversación de caudales públicos al destinar el dinero público a conciertos privados de artistas de talla nacional, almuerzos de lujo y "un sinfín de extravagancias". Los 60 funcionarios que participaron en el evento y cerca de 150 invitados pudieron disfrutar entre el 16 y el 19 de noviembre de 2022, tras una serie de ponencias, de actuaciones como la de Café Quijano o Dani Martín, cenas de gala acompañadas de una orquesta en directo o una exhibición de voladores en el Faro de Maspalomas. Todo ello financiado con una inversión de 400.000 euros del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de 100.000 euros de la corporación municipal de Santa Lucía de Tirajana.

En el caso del supuesto delito de prevaricación administrativa, la formación política alegó en su querella que se había obviado el procedimiento establecido de contratación "haciendo que el papel y la presentación formal de la oferta por la empresa adjudicataria fuera una actuación ficticia sin contenido real". En relación con esto, apunta al expediente de contratación aprobado por decreto de la presidencia del Consorcio el 28 de octubre, pese a que en la memoria justificativa firmada por el técnico un día antes ya aparecía el nombre de la empresa que resultó adjudicataria.

Conciertos privados

Los indicios de una posible falsedad documental fueron apreciados por la Fiscalía en el desarrollo de las incoaciones preprocesales, pese a que este supuesto hecho delictivo no figuraba en la denuncia inicial que dio pie a las investigaciones. El Ministerio Público atribuye la autoría del ilícito a los siete investigados, al igual que la presunta malversación y prevaricación administrativa.

Las jornadas reunieron para las ponencias a secretarios, interventores, tesoreros municipales procedentes de provincias como Alicante, Toledo, Palencia, Ávila o Cádiz y personal del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El objetivo de las intervenciones era debatir sobre asuntos que afectan a la gestión diaria de la administración pública y abordar retos como la administración electrónica, el control de contratos menores o la gestión de la tesorería local.

El juzgado instructor competente deberá decidir en los próximos días si admite a trámite las pesquisas

La polémica surgió por las celebraciones que siguieron a las jornadas y por el gasto que supusieron para las arcas públicas. Entre un 30 y un 40% de lo invertido fue destinado al pago de actividades complementarias, según los cálculos que realizó la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, y que precisó al cierre de un Pleno municipal. Ello supone un desembolso mínimo de 200.000 euros, de los que 100.000 fueron invertidos en el concierto de Dani Martín.

El gasto en el congreso y fiesta de lujo en el Sur, camino de la Fiscalía

La empresa R. S. Sonocom no rebajó su oferta sobre los 500.000 euros establecidos en las bases de licitación, aunque el único criterio establecido para la contratación era el precio de los servicios y lo más habitual es que las entidades bajen el presupuesto para lograr la adjudicación. La normativa indica que se debe invitar a más de tres empresas en los procedimientos negociados sin publicidad, pero en los documentos publicados en la Plataforma de Contratos del Estado no consta que existiera este mínimo. Por el contrario, la única empresa que se presentó fue R. S. Sonocom, que pudo mantener el coste máximo recogido en el pliego.