Tribunales

Un almacenero afronta tres años de cárcel por sustraer mercancía

El Ministerio Público sostiene que retiró dinero de la caja, se llevó material, falsificó una factura y elaboró falsos albaranes a nombre de distintas empresas

Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Ciudad de la Justicia de Las Palmas. / Juan Castro

Benyara Machinea

Benyara Machinea

El almacenero de una compañía de cajas y embalajes de vidrio con sede en el Polígono Industrial de El Goro, en el municipio de Telde, se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por presuntamente sustraer mercancía y dinero a la empresa para la que trabajaba. La Fiscalía le atribuye la autoría de un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil, por lo que reclama junto a la pena de prisión una muta de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros. La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas juzgará estos hechos el martes y el miércoles de la próxima semana.

El acusadado, identificado con las iniciales F. P. R., fue contratado el uno de septiembre de 2004 para desempeñar las funciones propias de un almacenero en las instalaciones de la citada empresa. Se encargaba de realizar los inventarios de mercancía, los cuadres de caja, emitía los albaranes de ventas y los facturaba, entre sus labores diarias más habituales. El empleado ejerció durante la primera década sin que la entidad detectara ninguna anomalía ni incidente.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el encausado llevó a cabo una serie de acciones irregulares en sus dos últimos años vinculado a la entidad, con la intención de obtener en todo momento un beneficio patrimonial ilícito. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, fue a partir de 2014 y hasta octubre de 2015 cuando F. P. R. sustrajo una serie de artículos del almacén, que tenía entre sus estanterías materiales de vidrio, plástico y metal, con envases destinados al sector alimentario y a los servicios. El valor tasado de estos productos, que hasta la fecha no han sido devueltos, asciende a 14.459 euros. 

Los productos que perdió la empresa en dos años están tasados en cerca de 38.000 euros

De la misma forma, la acusación le atribuye una sustracción directa a la caja de la empresa. El escrito describe que esta maniobra habría tenido lugar el 29 de julio de 2015, cuando presuntamente retiró de la caja de la delegación de la entidad otros 2.425 euros, una vez más para su propio beneficio. 

La Fiscalía sostiene que el encausado falsificó documentos con el fin de sustraer una serie de cuantías a la entidad para la que trabajaba. "El 23 de enero de 2014, con intención de alterar la realidad, confeccionó una factura por la que la compañía aparentemente recibía de una empresa externa la cantidad de 96 euros en concepto de venta de diversa mercancía, dándole apariencia de autenticidad, cuando en realidad había recibido de esa entidad 7.095 euros, incorporando a su patrimonio el resto del importe", apunta el Ministerio Público.

Falsificaciones de albaranes

El grueso de las presuntas falsificaciones se produjo una vez más, según la Fiscalía, entre los años 2014 y 2015, cuando al parecer también habría elaborado numerosos albaranes a nombre de distintas empresas, con el propósito de darles una apariencia de autenticidad. En dichos documentos las entidades externas aparentemente adquirían productos de la entidad, pero las mercancías no fueron remitidas en ningún momento porque "el acusado las incorporaba a su patrimonio", añade el Ministerio Público. 

Trabajaba para una empresa dedicada a la venta de cajas y especializada en los embalajes de vidrio

Los albaranes reflejan envíos de mercancías en 14 ocasiones diferentes, que van desde enero hasta septiembre de 2015, a una asociación apícola por un importe de 14.519 euros. De la misma forma, los documentos a los que alude la Fiscalía incluyen una única transacción el 13 de enero de dicho año a una empresa de mermeladas por 1.267 euros, el 12 de enero a un empresario por 2.468 euros, el siete de febrero de 2014 y el ocho de junio de 2015 a una asociación por 3.215 euros y así con otros cuatro documentos más presuntamente elaborados de forma fraudulenta.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal reclama en concepto de responsabilidad civil la devolución de la mercancía sustraída y no recuperada, que está tasada en unos 38.000 euros, y que ingrese a la entidad que le contrató los 9.423 euros correspondientes a las cantidades sustraídas a lo largo de los años.