La investigación de la estafa millonaria por la que se ha imputado a una empresaria de Telde y su pareja por la presunta comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida, que puede afectar a unas 80 personas, ha abierto una nueva vía con la imputación de una funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas por presunta participación en esta trama. La suma que barajan los investigadores es cercana a los tres millones de euros y los desembolsos entregados por los afectados oscilaron entre los 10.000 y 100.000 euros para comprar los coches de lujo y viviendas.

La supuesta estafa realizada por la empresaria Teresa Velázquez y su pareja, que ha motivado el ingreso en prisión de Velázquez por parte de la jueza instructora, Virginia Peña, consistía , según las investigaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y agentes de la Policía Nacional en la presunta apropiación de importantes sumas de dinero para la compra de viviendas y vehículos de alta gama que los clientes adelantaban, pero cuyas compras nunca vieron.

La investigación de la UDEF se abrió tras la presentación de una denuncia por parte de uno de los afectados, que después de entregar el dinero a Velázquez para realizar una de las operaciones contratadas, no recibiese, según denunció a la Policía, ni el bien comprado ni la devolución del dinero aportado por parte de la imputada. También se produjo presuntamente el modelo de estafa piramidal, en el que Velázquez y su pareja supuestamente devolvían los fondos a varios afectados con el dinero recibido por los siguientes compradores.

La denuncia original inició una investigación más pormenorizada en la que se detectaron al principio más de 20 afectados, pero en la actualidad son 80 los clientes supuestamente estafados en la trama.

Muchos de ellos, según las investigaciones de la UDEF y la Policía Nacional, habían entregado dinero a través de ingresos en la cuentas corrientes de la sociedad Canarias de Gestión de Embargos, regentada por la pareja de imputados, situada en dos locales alquilados en los bajos del número 3 de la calle El Roque, muy cerca de los tres colegios ubicados en la zona, el San Juan, Plácido Fleitas y Poeta Fernando González. Esos locales junto a otro situado en el número 61 de esa calle fueron registrados el pasado 24 de septiembre por la Policía Nacional.

La imputación de la funcionaria de la Fiscalía de la Audiencia Provincial por parte de la jueza Virginia Peña se debería a la presunta participación de la trabajadora en la trama con la supuesta realización de llamadas a los clientes.

Por su parte, el Fiscal, Guillermo García-Panasco, no quiso hacer valoraciones ayer al respecto, dado que se trata de un tema que no está relacionado "con el ejercicio de sus funciones en esta fiscalía".

"Dicen, además, que se acaba de levantar el secreto, pero hasta hace nada estaba como secreto de sumario porque se estaba investigando", apuntó el fiscal.

García-Panasco agregó que es un asunto que está ahora mismo en tramitación. "Hay una persona que está situación de privación de libertad, que es la que ha asumido la responsabilidad de los hechos que se están investigando".

Respecto a la intervención de esta funcionaria de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, "es un tema que se valorará una vez que se practiquen todas las diligencias que haya que practicarse".