La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil, considera que el plan de adelgazamiento del sector público que el Gobierno canario tiene prácticamente terminado "no es suficiente". Gil cifra en 314,5 millones de euros la cantidad de fondos que salen de las arcas públicas con destino a alguna de las "660 empresas" que hacen "competencia desleal al sector privado", según afirmó. Por ello, la presidenta de la AECP señaló que no solo el Gobierno, sino también las corporaciones locales e insulares "deben desarrollar una operación de majo y limpio".
La patronal constructora de la provincia oriental sitúa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el 60% del total de empresas públicas (396) y, por tanto, "el 60% del presupuesto".
Gil señaló que se inyectaron 156,5 millones de euros al sector público empresarial, mientras que las subvenciones a organismos públicos las cifró en otros 158 millones de euros.
La presidenta de la patronal de la construcción contrapuso esas cifras a los "300 millones de euros" en que se redujo la licitación de obra pública durante el año pasado en las Islas. El objetivo de ese drástico recorte "del 49,52%" fue el de "alimentar al monstruo burocrático y deficitario creado en torno a las administraciones públicas".
Además, Salud Gil señaló que el recorte en la obra pública está provocando que las empresas pierdan sus certificaciones para poder concursar, "lo que las aleja de la posibilidad de participar en la construcción de grandes y medianas infraestructuras y las expulsa del mercado".
Las empresas de la construcción deben acreditar periódicamente -dos años es el plazo mínimo- ante la Consejería de Hacienda del Gobierno canario o el Ministerio de Hacienda su capacidad para acometer obras públicas y el tamaño de las que pueden afrontar.
La ausencia de licitación provoca que cuando van a renovar las certificaciones no cumplan los parámetros requeridos para obtener el documento. "Además de las 2.000 empresas especializadas y 5.000 pymes que hemos perdido en el sector, ahora las que están sobreviviendo no pueden ir a la obra pública", explicó la presidenta de la AECP.
La patronal se puso en contacto vía carta con el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, para hacerle llegar el problema. Este a su vez elevó la misiva al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que será quien tenga que articular una solución. Una de las que proponen los constructores es extender la vigencia de las certificaciones durante dos años más.
