Desde que Repsol tenga en su mano la autorización del Ministerio de Medio Ambiente para realizar los sondeos en aguas próximas a Canarias, contará con un plazo de cinco meses para iniciar los trabajos. Si no lo hace, tendrá que comenzar "nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto", tal y como articula el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

Con todo, la petrolera aun podría pedir la revisión de la declaración de impacto ambiental basándose en el mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a la obtención de los permisos extinguidos.

En cualquier caso, nadie en la petrolera se plantea que ese plazo de cinco años pueda correr peligro de agotarse. Al contrario, la intención es acortar al máximo los tiempos que sí estén en su mano para compensar el retraso que, a su juicio, se producirá en otros pasos del proceso.

Mucho menos está entre sus planes el de desistir de realizar los sondeos en el canal del Atlántico que separa Canarias de Marruecos. Primero porque la estimación de los rendimientos que se calculan hace muy rentable la operación. Y, todavía más importante, porque abandonar sus intenciones por propia voluntad les obligaría a entregar al Estado los 20 millones de euros que se comprometieron a invertir en la puja por hacerse con las nueve cuadrículas.