La Fiscalía Anticorrupción admite que pudo cometerse algún delito en el 'caso Lifeblood' pero pide a la juez que lo archive al carecer de pruebas que lo demuestren. El procedimiento, que investiga la adjudicación presuntamente irregular del servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios a una empresa desconocida en el sector llamada Lifeblood en 2010, ha llegado a un punto muerto en el que seguir investigando sólo podría dañar a los cuatro imputados, se desprende del escrito que firman los fiscales Luis Rodríguez Sol y Juan Pavía Cardell.
La petición de archivo del Ministerio Público, información adelantada en exclusiva por LA PROVINCIA / DLP el pasado sábado, deviene de la solicitud de uno de los imputados, el abogado canario Javier Artiles, que presentó el 8 de julio de 2012 un escrito en el que solicitaba "el sobreseimiento libre de las actuaciones".
Anticorrupción no acepta que sea libre al afirmar que "existen algunas sospechas e indicios que, a pesar de ser insuficientes en el momento actual para fundamentar una pretensión acusatoria, no permiten descartar de manera absoluta la comisión de una infracción penal durante la tramitación y resolución del mencionado concurso", pero sí defiende que éste sea "provisional".
El matiz es importante puesto que el archivo libre implica que los imputados no podrían volver a ser investigados por el caso Lifeblood mientras que el provisional sí permite la reapertura de la causa.
Los fiscales Rodríguez Sol y Pavía Cardell analizan en el escrito remitido al juzgado el pasado miércoles 26 de septiembre toda la investigación y la consideran "completada". De hecho, defienden la dificultad "de pensar en la práctica de nuevas diligencias que no resulten perjudiciales" para los imputados: el abogado, Javier Artiles; la exsecretaria general técnica del Servicio Canario de Salud (SCS), Lourdes Quesada; el exdirector del SCS, Guillermo Martinón y el administrador único de Lifeblood S. L., Javier Jorcano.
La Fiscalía, pese a reconocer la posible existencia de algún delito, defiende que ninguno de los investigados: prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios, se cometió. Pero, además, se pregunta por si se cometieron otros nombrados como fraude, revelación de secretos, falsedad documental o deslealtad profesional y también concluye con una respuesta negativa.
De hecho, los fiscales avalan la legalidad del concurso de hemodiálisis de 2010 y entienden, tras la investigación, que "no cabe afirmar que la resolución del concurso haya sido arbitraria".
La Fiscalía Anticorrupción defiende en el escrito por el que pide el archivo provisional del caso Lifeblood que la imputación de la exsecretaria general técnica del Servicio Canario de Salud (SCS), Lourdes Quesada, se debió a un error. "Su imputación en esta causa no se hubiera producido si se hubiera manejado la información correcta", defienden los fiscales Luis Rodríguez y Juan Pavía.
En concreto, se refieren a la declaración de una de las testigos, la doctora Castillo, que aseguró en sede judicial que "los criterios de adjudicación aparecieron apuntados por Lourdes sin propuesta de los técnicos" cuando, en realidad, la exjefa del Servicio de Nefrología del Doctor Negrín había realizado unos criterios, Quesada pidió que los cambiase y Palop, después de modificarlos, se los entregó al exdirector del SCS, Guillermo Martinón, en una memoria USB quien, a su vez, se los envío a Lourdes Quesada. Ella, por su parte, hizo lo mismo con Castillo y otra doctora. Esto llevó a pensar a Castillo que eran de Quesada. La Fiscalía detalla que Quesada solicitó el cambio de los criterios de adjudicación porque en el borrador inicial de Palop se le daba un peso a los criterios subjetivos del 80%. Tras las correcciones, "se puntuaron los objetivos al 51% y los subjetivos al 49%". B. V. / M. R.
