La comisión del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral ha vivido hoy el primer enfrentamiento entre los grupos, con CC, PSOE y ASG por un lado, y PP, Podemos y Nueva Canarias, por el otro, centrado en el cupo de comparecientes que corresponderán a cada partido.
La comisión, que se constituyó hace dos semanas, ha celebrado una primera reunión para definir el plan de trabajo, y uno de los primeros acuerdos ha sido, además de que se reunirán dos lunes al mes, que las sesiones serán abiertas a los medios de comunicación y emitidas en directo por internet.
Aunque los tres partidos de la oposición reclamaban un cupo de comparecientes igual para cada grupo, CC y PSOE, han aprovechado una sugerencia de ASG para establecer un mínimo de dos comparecientes por grupo parlamentario a los que se sumarán más, en función a la representación de cada partido en la comisión.
De esta manera, CC tendrá un cupo de siete comparecientes en la comisión, el PSOE podrá llamar a seis, el PP a cinco, Podemos y Nueva Canarias a cuatro cada uno y ASG a dos.
Además, todos los grupos han acordado que llamarán a comparecer, fuera de estos cupos, a los partidos más perjudicados por el sistema electoral vigente -Ciudadanos, Izquierda Unida y Unidos-, así como a la plataforma ciudadana Demócratas para el Cambio, que promueve un cambio electoral.
Estos partidos podrán ser invitados a comparecer en distintas fases durante los trabajos de la comisión.
Otros partidos perjudicados por el sistema electoral podrán solicitar también comparecer ante la comisión, que decidirá en cada caso.
De esta manera, no ha prosperado la petición de Podemos y Nueva Canarias para que Ciudadanos, Izquierda Unida, Unidos y Demócratas para el Cambio fueran invitados permanentes en la comisión.
La propuesta de plan de trabajo debe ser aprobada definitivamente por la mesa de la comisión, en la que CC y PSOE tienen mayoría.
Según la propuesta inicial de los grupos del Gobierno, el trabajo se divide en varios bloques, el primero de ellos denominado de documentación, en la que se recabarán informes técnicos y jurídicos sobre el marco legal de la reforma electoral, un análisis de sistemas comparados y un estudio sobre el sistema vigente.
En una segunda fase se celebrarían las comparecencias de los partidos políticos excluidos de representación por el vigente sistema, así como las de los expertos y representantes sociales propuestos por los grupos parlamentarios de acuerdo con los cupos asignados.
En una fase posterior se abriría una ponencia dentro de la comisión por si fuera posible realizar una propuesta consensuada, o en su caso se decidirá por mayoría, con los correspondientes votos particulares, según el plan de trabajo esbozado hoy y que debe ser definido por la mesa.
En total, la comisión debe concluir sus funciones en un máximo de un año, según el presidente de la comisión, Antonio Castro Cordobez, quien hizo hincapié en que los trabajos deben realizarse de forma paralela al trámite en las Cortes de la reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye un marco de reforma electoral.
Noemí Santana, de Podemos, propuso sin éxito que la decisión final que se adopte sea sometida a consulta ciudadana y que las reuniones sean todos los lunes, en vez de dos al mes, así como que no se interrumpan los trabajos sin finalmente hay otra campaña electoral.
Todos los grupos políticos consideraron positiva la constitución de la comisión parlamentaria y que las reuniones sean abiertas y pusieron de manifiesto su voluntad en que haya una reforma.
En cuanto a las intenciones de cada grupo, José Miguel Ruano, de CC, dijo que el sistema electoral que se acuerde debe garantizar los principios de equilibrio y solidaridad de las islas.
Iñaki Álvaro, del PSOE, afirmó que comienza un camino sin retorno para dar mayor legitimidad y cohesión al sistema político.
Australia Navarro, del PP, garantizó generosidad y voluntad real de cambio frente a un sistema electoral que deforma la voluntad de los ciudadanos.
Noemí Santana, de Podemos, afirmó que el proceso de reforma se inicia gracias a la demanda social para que el Parlamento refleje la voluntad popular.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, consideró una buena noticia para la democracia que se reforme un sistema francamente mejorable.
Casimiro Curbelo, de ASG, dejó claro que "siempre habrá que discriminar de forma positiva a nuestros territorios".
