El Supremo ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la causa abierta a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell, al constatar que ha dejado de ser diputada tras la disolución de las Cortes el pasado día 3 de mayo y a la vista de que la propia afectada lo ha solicitado.
El pasado 4 de mayo Rosell solicitó al Tribunal Supremo que enviara al TSJC la querella contra ella que presentó el exministro José Manuel Soria (PP) y que fue admitida a trámite.
En el auto de este viernes el Supremo recuerda su jurisprudencia en causas especiales, de acuerdo a la cual habitualmente acuerda la paralización de las causas contra aforados, de manera provisional, hasta que se confirme la situación de los parlamentarios (es decir, en la práctica, en espera de si vuelven a salir elegidos).
Sin embargo, al haber pedido Rosell el envío de la causa al TSJC el Supremo ha procedido a la inmediata remisión del asunto al tribunal canario, dado que su competencia sobre la querella venía dada exclusivamente por la condición de diputada de Victoria Rosell.
El pasado 25 de abril, la Sala de lo Penal acordó admitir a trámite la querella planteada contra la exdiputada por el exministro José Manuel Soria por delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación judicial y cohecho.
Poco más tarde se disolvieron las Cortes y Rosell presentó, el mismo día en que dejó de ser diputada, el escrito pidiendo al Supremo su inhibición en la causa y remisión de la misma al TSJ de Canarias.
Pocos días más tarde, el 5 de mayo, presentó otro escrito pidiendo el archivo de las actuaciones. Y el día 10 de mayo pidió en un tercer escrito, otra vez, el archivo de actuaciones o su inmediata remisión al TSJ de Canarias, adjuntando certificación del secretario general del Congreso que hace constar había perdido su condición de diputada el 3 de mayo.
Los magistrados del Supremo explican en su auto que de las dos peticiones formuladas por Rosell -archivo o inhibición- la que procede es la segunda.
La causa contra Rosell ha experimentado un giro al difundirse unas grabaciones en las que el juez Salvador Alba, cuyo informe fue clave para admitir a trámite la querella contra la exdiputada, parece querer condicionar a un imputado para que su declaración inculpe a la juez.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará esas grabaciones por si se desprende la comisión por parte de Alba de alguna de las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 417 a 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pudiendo deducir testimonio si los hechos tuvieran relevancia penal.
