La estrategia de modernización de la Administración de Justicia, impulsada por el Gobierno de Canarias, avanza a pesar de la falta de fondos del Estado. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo, Aarón Afonso, aseguró ayer que el plan sigue en marcha con recursos propios de la Comunidad Autónoma, ya que la partida de 351.358 euros que asignó recientemente el Ministerio de Justicia a las Islas resulta insuficiente para atender las actuaciones necesarias, encaminadas especialmente a fomentar la Justicia digital.
La estrategia, ideada para el período 2016-2019 y que ya ha superado la fase de alegaciones de los operadores jurídicos, contempla acciones que requieren una inversión para los próximos cuatro años de doce millones de euros, partidas que Afonso entiende "razonables" y que se incluirán en los presupuestos de los próximos ejercicios. No obstante, advirtió de que "no se esconde que tenemos que acompasarlo a lo que finalmente se pueda introducir" en los presupuestos a partir de 2017, en un escenario de incertidumbre para la elaboración de las cuentas autonómicas y ante las dificultades por la prórroga del presupuesto estatal.
Expuso que, pese a ello, la estrategia "está en trámite" y contiene seis líneas ligadas a la modernización organizativa, funcional y tecnológica, cuyo coste podrá "afrontarse sin ningún problema en el tiempo de vigencia" del proyecto. Sin embargo, otros aspectos como el plan de infraestructuras judiciales estará sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Cuestionado sobre los posibles "recortes encubiertos" en las cuentas autonómicas debido al cierre anticipado del presupuesto para este año, Afonso alegó que esta medida se ha adoptado "por prudencia" y garantizó que no afectará a los servicios públicos esenciales.
Explicó que el cierre obedece a una "desconfianza" hacia el Gobierno central sobre la transferencia a las Islas de 329 millones de euros y se adopta después de la reunión el 15 de septiembre entre el presidente, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.
Reencuentros
"No confiamos en la palabra de Montoro, lo que queremos son hechos y a día de hoy faltan 329 millones que no se han remitido por el Estado y pueden condicionar la situación económica de esta Comunidad Autónoma", avisó Afonso.
El consejero hizo estas declaraciones antes del XI Encuentro de Jueces Canarios, una jornada de formación continua a la que asistieron 24 jueces y magistrados de diferentes puntos del Archipiélago y representantes de otros ámbitos vinculados a la judicatura.
El evento, que culmina hoy y en el que se abordan cuestiones prácticas sobre la jurisdicción civil, penal, contencioso-administrativa y social, contó con la conferencia inaugural del vocal del CGPJ, Rafael Fernández Valverde. El magistrado del Tribunal Supremo, de origen cordobés, aprovechó la cita para reencontrarse con compañeros de profesión. No en vano, ejerció en La Orotava y en Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó a presidir la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC
Al acto acudieron el presidente del TSJC, Antonio Doreste; el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido; el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco; el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa; el viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo, y la directora general de Justicia, Lourdes Quesada. Además de los magistrados Emilio Moya, Miguel Ángel Parramón, Pedro Herrera y Ramón Toubes y el tinerfeño Jorge Riestra, entre otros, así como la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, María José Meilán.
