Investigación judicial | Declaración voluntaria de Pedro San Ginés

San Ginés denuncia la «intencionalidad política» de su causa en el Supremo

El senador de CC declara por la acusación de falso testimonio que le imputa la Fiscalía 

El senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés ratificó ayer en el Tribunal Supremo la «intencionalidad política» de la causa abierta contra él por supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas en los centros de Arte, Cultura y Turismo dependientes del Cabildo de Lanzarote. El dirigente nacionalista acudió a declarar de forma voluntaria ante el magistrado Vicente Magro, que aún no ha solicitado el suplicatorio al Senado. Los indicios de delito del que le acusa la Fiscalía son de falso testimonio y denuncia falsa, a lo que San Ginés responde que «es imposible que se me condene por decir la verdad, nadie lo ha desmentido ni lo podrá desmentir», asegura. 

Los hechos se remontan a 2009 cuando San Ginés era presidente del Cabildo de Lanzarote y de las empresas turísticas de la isla de los volcanes y denunció irregularidades ante la policía en la contratación de servicios en los centros de arte y turismo. Según el propio dirigente de CC, una empresa facturó unos 300.000 euros sin que existiera ningún tipo de contrato y otra empresa que sí tenía vínculo contractual con el organismo facturó más de 700.000 euros, medio millón por encima de lo estipulado.

Entre los denunciados se encontraban Antonio González Medina, ya fallecido, y la entidad Climafrical, de la que éste era propietario y administrador único. Tras el archivo de la denuncia después de una larga instrucción la hija del fallecido empresario, que también estuvo vinculado al PSOE, se querelló contra San Ginés y la Fiscalía abrió una causa por un presunto delito de falso testimonio.

En febrero el Tribunal Supremo acordó iniciar una causa penal tras haber recibido una exposición razonada del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife tras adquirir San Ginés la condición de senador por la Comunidad Autónoma, lo que supone el aforamiento por el Alto Tribunal. La Fiscalía pide un año y medio de prisión e inhabilitación, además de una multa.

Testigo y denunciante

Tras declarar ante el magistrado y la fiscal, Pedro San Ginés se ratificó en todo lo que ha manifestado hasta ahora en torno a este asunto «siempre como testigo y nunca como denunciante», mientras que desmiente que la Fiscalía le haya propuesto un acuerdo: «ni me la ha ofrecido ni lo habría aceptado», aclara. El expresidente del Cabildo lanzaroteño recuerda que ni denunció ante la Guardia Civilni fue nunca al juzgado de guardia, como mantienen «erróneamente» tanto la Fiscalía como el juez instructor. La única demanda formal la presentó el consejo de administración de la entidad que en ese momento estaba presidida por Astrid Pérez, actualmente presidenta del Parlamento canario. «Yo no participé en la querella como mantiene la denunciante, aunque no reniego del contenido», añade.

«Hoy [por ayer] me ratifiqué de principio a fin porque nadie lo ha desmontado, ni siquiera el auto de archivo de la causa en el que el juez instructor erróneamente no se refiere a mis testificales», indica el senador de CC, que no solo mantiene las irregularidades cometidas en los servicios prestados sino que reitera la «intencionalidad política» de la denuncia ya que, en su opinión, los impulsores de esta demanda «por interés político» son Carlos Espino, secretario insular del PSOE en aquellos años, y el gabinete de la expresidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, rival política de San Ginés, dirigentes que mantienen un largo enfrentamiento político en Lanzarote.

San Ginés explica que los dos máximos responsables de la empresa pública, el gerente y el director económico, «corroboraron» las manifestaciones del político nacionalista relativas a las presuntas irregularidades sin contratos y sin concurso público. El director gerente de la sociedad fue cesado «por no comulgar con las ruedas de molino que le imponía Espino». El responsable de las finanzas, Francisco Ortega, «advirtió de esta situación que venía impuesta y autorizada por Espino saltándose la ley», añade.

«A mí me denuncian por falso testimonio las dos empresas que no tienen contrato, el único demandando soy yo, lo que evidencia la intencionalidad política porque está promovida por los cargos políticos que estaban en el Cabildo en ese momento», añadió el dirigente nacionalista.

San Ginés está «absolutamente tranquilo» porque «lo que he dicho es la verdad y nadie lo ha rebatido». Recuerda que el juzgado no tomó en cuenta su testimonio y archivó la causa que afectaba a Carlos Espino, lo que no entiende y por eso presentó un recurso. Por eso la tranquilidad le lleva a asegurar que «lo repetí hoy [por ayer] y lo mantendré en el juicio si lo hay, no me voy a retractar en nada», añade.

Según el escrito de acusación del fiscal, el ahora aforado hizo la denuncia narrando irregularidades que constituían varios delitos contra la Administración pública, «con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma». Posteriormente, el dirigente declaró como testigo en las actuaciones judiciales abiertas por su denuncia, y «previo juramento o promesa de decir verdad», «volvió a manifestar, faltando a la verdad objetiva, las mismas irregularidades en la contratación de servicios imputadas», siempre de acuerdo al escrito de la Fiscalía. En 2019 prestó una nueva declaración testifical en las actuaciones en la que mantuvo las anteriores imputaciones, y a los pocos días esa causa fue sobreseída provisionalmente, según el relato de la Fiscalía.

Tras prestar declaración en el Supremo Pedro San Ginés ve que el escenario que se abre ahora es el equivalente a una «segunda instrucción», de tal forma que el magistrado tiene la potestad de solicitar el suplicatorio al Senado para abrir juicio oral o archiva la causa si no ve indicios suficientes. «En lo que confío a partir de ahora es que la Justicia sea realmente justa y es imposible que me condenen por un testimonio que es totalmente veraz y cierto y, además, fue corroborado por altos cargos de la empresa. Si no es así que muestren los contratos y justifiquen los sobrecostes de 500.000 euros más, nadie lo ha desmentido ni lo podrá desmentir, lo he repetido ahora y lo seguiré repitiendo cuando llegue el momento», concluye el expresidente del Cabildo de Lanzarote.

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