"¡Quieto todo el mundo!" Si alguien grita esta frase en medio del Carnaval, no lo hará ataviado con el uniforme oficial de la Guardia Civil, así modo de Tejero en el 23-F. Y no porque se ensalce la figura de un golpista, sino porque el Ministerio del Interior ha emitido una orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de enero, por la que queda prohibido el uso de esta vestimenta a quienes no pertenezcan al cuerpo, salvo autorización especial. No pasa lo mismo si se evoca o recrea el aspecto de los agentes con un disfraz, según aclararon ayer fuentes de Interior. Es decir, tricornio sí, pero de plástico. La cuestión es que nadie se confunda.

El traje de la Benemérita es un clásico de los carnavales. Muchos son los que guardan en el altillo del ropero un tricornio gastado y un traje verde musgo, pero no podrán desempolvar el uniforme del abuelo. A partir de ahora y según el BOE, la vestimenta se limitará a quienes pertenezcan al Instituto Armado, además de quienes ya se encuentren jubilados de este cuerpo. Para poder ataviarse con estas prendas es necesario, según explica el BOE, hacer una petición expresa.

El texto señala que "el uniforme de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil o de cualquiera de sus prendas singulares o significadas será de utilización exclusiva y única por los integrantes del mismo y por el personal retirado, en las situaciones y condiciones aquí reguladas; quedando prohibido su uso público en las demás circunstancias así como por personas ajenas al Instituto Armado, salvo que, expresamente se autorice, previa solicitud, por razones de interés profesional, social o cultural".

La orden del Ministerio del Interior 77/2014 explica que "el uso del uniforme de la Guardia Civil presupone la condición de agente de la autoridad de su portador, por lo que resulta imprescindible tanto salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos, garantizándoles que todos aquellos que visten un uniforme de la Guardia Civil son miembros del Instituto, como dar a conocer a los ciudadanos la composición de la uniformidad de la Guardia Civil".

El texto especifica que las peticiones "se presentarán por escrito, utilizando cualquier medio de remisión admisible en derecho, y deberán acompañarse de la justificación acreditativa de las circunstancias que en cada caso se invoquen". Luego "se estudiará la viabilidad de las mismas y se dictará la resolución procedente de forma motivada, en la que se valorará el beneficio derivado de su utilización para la imagen y reputación colectiva que identifica al miembro de la Guardia Civil con su uniforme, excluyendo, con carácter general, aquellos usos que vayan ligados a circunstancias o situaciones individuales que sean independientes de la condición de guardia civil".

La orden deja claro que "la inobservancia" de la prohibición "podrá dar lugar a la exigencia de las responsabilidades penales o disciplinarias" que correspondan.