Mogán se niega a convertirse en el «verdugo» de la vivienda vacacional

El Ayuntamiento de Mogán rechaza el anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico en viviendas propuesto por el Gobierno de Canarias. Tras analizar el texto, el consistorio concluye que esta norma «impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará casi la totalidad de las ya existentes por los requisitos urbanísticos y administrativos a los ayuntamientos así como técnicos para los propietarios de estos inmuebles, que consideran prácticamente «de imposible cumplimiento». Así lo expresa la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, en un comunicado en que también expresa su oposición al papel fiscalizador que otorga la norma a las administraciones locales, responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada. Trámite que consideran debe corresponder a los cabildos insulares.

Por todo ello, Bueno solicita que el anteproyecto sea suspendido hasta consensuar un nuevo texto a través de una mesa de trabajo con todos los municipios de Canarias. Desde el Ayuntamiento consideran que esta propuesta de ley no va a resolver la problemática de emergencia habitacional mientras la promoción de vivienda pública «continúe siendo tan escasa y el régimen jurídico actual no incentive a los propietarios a poner en régimen de alquiler de larga duración el gran volumen de viviendas vacías actuales».

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«Es un error demonizar las viviendas vacacionales. Mogán ha desbloqueado suelo para poder construir 460 VPO ante la inacción del Gobierno de Canarias en la última década para incrementar el parque de vivienda pública», apuntan en el comunicado. Según los datos del consistorio, de las 16.896 viviendas del municipio, 2.040 son vacacionales (un 12,07%) y vacías 5.697 (33,72%). Datos que, según señalan, reflejan que precisamente el problema «no está en la vivienda vacacional».

La alcaldesa afirma que el anteproyecto de ley no ordena el uso turístico en viviendas sino que «conduce a su desaparición por varias razones». La primera, porque, según explican, anula de facto las competencias en planeamiento urbanístico de los ayuntamientos. Les impone reservar en sus instrumentos de planeamiento como mínimo el 90% de la edificabilidad en exclusiva para un uso residencial. Además, el 10% restante no estaría destinado exclusivamente a las viviendas vacacionales, ya que entrarían otros usos permitidos en parcelas residenciales, como los despachos profesionales. Actualmente hay municipios, entre estos Mogán, con más de un 10% de viviendas vacacionales, por lo que tras la entrada en vigor de la Ley, para cumplir este punto, muchas tendrían que inhabilitarse.

Bueno también se opone a ejercer el «papel fiscalizador» que la ley atribuye a los ayuntamientos. La norma establece que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, los Cabildos remitirán a los ayuntamientos el listado de las viviendas vacaciones de su municipio a fin de que estos verifiquen sin cumplen con el régimen de actividad clasificada. Esto, según la alcaldesa «resulta imposible de cumplir».

«El Gobierno de Canarias pone en manos de los ayuntamientos la supervivencia de las viviendas vacacionales a sabiendas de que es imposible cumplir con todo lo que se les impone», critica Bueno.