El fiscal Jorge Pobre y la juez que instruye el caso Góndola, Mónica Oliva Gutiérrez, retomaron ayer la investigación por presunta corrupción urbanística que afecta al Ayuntamiento de Mogán. La autoridad judicial tomó declaración en calidad de imputados al concejal de Turismo, Tomás Lorenzo Martín, al técnico municipal de Aguas, Adrián Guerra Peralta, y al ex asesor de Urbanismo y primo del alcalde, Eduardo Gabriel Marrero González.
El grueso del interrogatorio giró sobre la depuradora de Taurito, una infraestructura que ocupa suelo rústico porque se construyó en la ladera contraria del barranco donde fue inicialmente proyectada.
Sin embargo, la juez esperará a celebrar otras dos rondas de declaraciones para concretar las imputaciones o archivar el procedimiento respecto a esas tres personas, pues el edil, el funcionario y el cargo de confianza parece que desempeñaron un papel menor en la puesta en marcha de la depuradora, según las fuentes judiciales consultadas.
La magistrada también ha citado para hoy a José Jiménez Suárez, ex consejero del PP en el Cabildo de Gran Canaria entre 2003 y 2007, además de diputado nacional por esa formación. En la causa hay varios políticos imputados por media de docena de delitos, entre ellos el regidor, Francisco González, el edil de Urbanismo, Silverio Hernández, o la ex teniente de alcalde Onalia Bueno.
También deberá comparecer hoy el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Luis Guerra Marrero, y el ingeniero y redactor del Plan General de Mogán, Francisco González-Jaraba. Mañana sólo declararán testigos.
