La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el incidente de recusación planteado por la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa contra la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Arrecife, Silvia Muñoz, instructora del 'Caso Unión', tras el juez César Romero Pamparacuatro.
El auto impone una multa de 1.000 euros al citado colectivo, que también debe hacer frente al pago de las costas generadas por el referido incidente de recusación. La asociación había calificado de "hostil" la actuación de la juez hacia la misma y "la pérdida de imparcialidad objetiva de la magistrada". Ha conseguido personarse como acusación popular en una de las piezas separadas del 'Caso Unión' que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, tras darle la razón la Audiencia Provincial el pasado mes de marzo al no haberse cerrado entonces la instrucción, pero no ha podido estar en las restantes. Se de la circunstancia de que la asociación no estaba registrada oficialmente cuando solicitó estar presente en el 'Caso Unión'.
Ahora, la Audiencia Provincial en el auto fechado el pasado 18 de mayo ha dado la razón a la juez y califica de "clara mala fe y suficientementes graves" las pretensiones de la asociación, que "no sólo ha planteado una recusación carente del más mínimo fundamento, sino que, además, las causas invocadas en algunos casos ni siquiera han sido debidamente desarrolladas, no se ha hecho esfuerzo alguno para sustentar alegaciones y la única finalidad de este incidente ha sido el de tratar de apartar de la causa a la instructora para dilatar su tramitación, dilación que, incluso, se logra con el mero hecho de plantearla sin fundamento".
La juez ha tenido que dejar la causa mientras se resolvía la acusación. Nombrar a un juez sustituto para que resuelva cualquier incidente relacionado con la causa, permitiría a las defensas de los investigados alegar dilaciones indebidas, lo que tendría su repercusión en la rebaja de las condenas que les serían impuestas.
Así mismo, la Audiencia considera que el hecho de que la asociación haya denunciado la pérdida de imparcialidad objetiva "es tanto como decir que la instructora pierde su imparcialidad simplemente por hacer su trabajo".
La Audiencia señala que han sido casi ocho años [la investigación se inició en 2008] durante los cuales la asociación referida ha podido constituirse y personarse en la causa" y "ha decidido libremente que la personación se lleve a cabo cuando la instructora ha entendido terminada la instrucción". La investigación del 'Caso Unión' se cerró el pasado mes de marzo con la pieza relacionada con las supuestas adjudicaciones irregulares de los contratos de limpieza a Urbaser y de la construcción del pabellón deportivo de Argana Alta durante la etapa de María Isabel Déniz como alcaldesa.
