El Gobierno de Canarias ha archivado el expediente disciplinario que había abierto contra una funcionaria de la comunidad autónoma por desconsideración grave contra un superior; en concreto, por haber hecho una "peineta" a una foto de su presidente, Paulino Rivero, durante una protesta laboral.
Esta funcionaria estaba acusada de una falta grave por haber aparecido una foto suya en la edición del 30 de mayo de 2012 del periódico "El Día" en la que hacía un gesto supuestamente despectivo a una foto del presidente de la comunidad autónoma.
El instructor de ese expediente planteaba, en principio, que esa trabajadora podía haber vulnerado los principios de lealtad y respeto a los superiores que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público en el capítulo de los deberes de un funcionario.
Sin embargo, la resolución definitiva, difundida hoy por el sindicato de empleados públicos Sepca, recoge que la funcionaria explicó en su descargo que ella no hizo ningún gesto despectivo contra nadie, sino que fue fotografiada mientras imitaba con los dedos una tijera (los hechos ocurrieron en una protesta laboral contra los recortes en los servicios públicos).
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias reconoce ahora que no hay en el expediente pruebas para contradecir esa versión, sino solo una fotografía de prensa que, para estos efectos, resulta ser "una instantánea aislada, descontextualizada y estática, con las limitaciones de credibilidad que ello conlleva".
"El gesto de imitar con los dedos de las manos unas tijeras que se abren y se cierran puede producir el efecto óptico que recoge la fotografía al coincidir los dedos corazón e índice, por azar, en el momento de captación de la imagen, ofreciéndose, consecuentemente, una secuencia distorsionada que perjudica a la persona retratada", se argumenta en la resolución de archivo del expediente.
El Gobierno canario admite así que "no hay elementos probatorios suficientes en el expediente disciplinario" para sostener la acusación formulada contra esa funcionaria, por lo que prima el principio de presunción de inocencia.
