Más de 300 jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios secundaron ayer las dos concentraciones celebradas en la capital grancanaria para exigir la retirada de las reformas de la Administración de Justicia planteadas por el Gobierno central, entre ellas la Ley de Tasas, que ha cosechado el rechazo frontal de todo el estamento judicial, desde el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, hasta el más anónimo de los juristas.

Y es que mientras las asociaciones de jueces y fiscales amenazaban con otra huelga y reclamaban en Madrid la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en Las Palmas de Gran Canaria un aguerrido grupo de funcionarios, procuradores y abogados cortaba la Avenida Marítima a la altura del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). "Estamos al borde de la legalidad", bromearon en ese momento dos magistrados que prefirieron quedarse en la acera durante el breve corte del tráfico.

Luego, al grito de "la Justicia no se vende, la Justicia se defiende", esa multitud entró en la sede del TSJC, en cuyo patio interior aguardaban fiscales y jueces de todas las jurisdicciones e instancias para leer un manifiesto con diez reivindicaciones al Gobierno, entre ellas la retirada de una ley que establece unas tasas para pleitear "claramente desproporcionadas".

Escenas de ese tipo se repitieron en ciudades de toda España, pero los portavoces judiciales no sólo reclamaron "unas tasas moderadas que no limiten el acceso a la Justicia", sino que mostraron su rechazo "a cualquier modificación que mine la independencia e imparcialidad del Poder Judicial". También exigieron "autonomía" presupuestaria para el CGPJ y la Fiscalía General del Estado; clamaron contra la sobrecarga de trabajo y la interinidad, e incluso demandaron la convocatoria anual de oposiciones para cubrir un "mínimo" de 250 plazas, entre otras propuestas que pasan por la "retirada inmediata" de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Estamos preocupados por prestar al ciudadano una Justicia de calidad. La falta de jueces en España es insólita y no tiene parangón en ningún país europeo", afirmó el decano de la capital grancanaria, Javier García Sotoca, que ejerció de portavoz de sus colegas. Los fiscales Luis del Río y Javier Ródenas, en representación de sus respectivas asociaciones, también leyeron parte del manifiesto. Ambos consideran que las tasas son abusivas porque limitan el derecho a la tutela judicial efectiva.