En la Conferencia Política celebrada apenas hace 20 días -la misma que supuso el pistoletazo de salida en la carrera de Fernando Clavijo como candidato a presidir el Gobierno canario-, Coalición Canaria impuso a sus cargos públicos un código ético que, a su vez, les exige transparencia en la gestión. El referido código es un manual anticorrupción que promueve la buena práctica política con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía. Establece que "las personas con condenas en firme por corrupción no podrán continuar en el partido", si bien no entra a valorar los casos sin juzgar de políticos bajo sospecha -los imputados, como le sucede ahora a Fernando Clavijo-. Exige que "la honestidad, la lealtad, la integridad, el comportamiento ejemplar, la austeridad, la vocación de servicio público y la defensa del interés general" sean comportamientos básicos en el quehacer diario de los cargos públicos de CC. Obliga a "rendir cuentas por las acciones políticas", a asegurar que la propiedad pública se utiliza "con buenos resultados" y a "no aprovecharse de la posición para obtener beneficios" para sí, para familiares o el partido. Asimismo, establece que los políticos están obligados a informar a los tribunales de cualquier irregularidad que perciban y a proteger la autonomía de los tribunales de Justicia. Soraya Déniz
