El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha presentado hoy miércoles en la Cámara regional una Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Consumidores y Usuarios del año 2003 con el fin de “reforzar y actualizar la protección de los derechos e intereses legítimos” de la ciudadanía canaria “debido a la aparición de nuevas prácticas comerciales” y con el fin de adaptar la normativa autonómica de hace 15 años a la legislación europea.
El texto, que ha sido presentado por la secretaria general y portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana, incluye acabar con las cláusulas abusivas de los bancos y con la publicidad engañosa, haciendo especial hincapié en los productos dirigidos a menores.
Santana asegura que: “frente a unos poderes públicos y unos gobiernos, como los del Partido Popular y Coalición Canaria, que protegen y miman a las grandes empresas, y miran para otro lado frente a los abusos, queremos plantear que hay alternativa y que es posible legislar en favor de la mayoría”.
Para ello, en el texto legislativo se plantea que cuando una persona que ha contratado una hipoteca para comprar su vivienda habitual no pueda hacer frente a los pagos, se establezca la obligación de acudir a la mediación o arbitraje antes de que se inicie el procedimiento judicial para intentar que el banco y el consumidor lleguen a acuerdos que permitan que éste pueda conservar la vivienda habitual.
“Mientras que para otros grupos parlamentarios su única pretensión con las modificaciones presentadas es blindarse o repartirse sillones, desde Podemos Canarias volvemos a demostrar que estamos del lado de la gente. Frente a las élites, el pueblo”, ha insistido.
Por lo que respecta a la luz o el agua, que son servicios esenciales y mínimos para tener una vivienda digna, las empresas no pueden dejar de prestar el servicio cuando no se abona una factura o recibo porque se hace una reclamación. El texto incluye una serie de procedimientos para facilitar darse de baja de servicios de telefonía móvil, luz o agua, que en la actualidad resultan más complejos y dificultosos que los que se exigen para contratarlos.
Además, en relación con determinados colectivos especialmente protegidos, la eliminación de barreras de acceso a la información, concretamente para personas con discapacidad física o psíquica o con dificultades para la comprensión lectora, fomentando “la utilización del sistema braille en los productos alimenticios”.
La modificación del vigente Estatuto de los Consumidores y Usuarios incluye la necesidad de hacer transparente la información sobre la titularidad de los derechos de los créditos hipotecarios u ordinarios cedidos a un fondo de titulización, pues es frecuente que cuando no se puede pagar el préstamo o se ejecuta una hipoteca la personas afectadas se encuentren en una situación de indefensión al desconocer a quién deben el dinero.
“Cuando no se puede pagar el préstamo o se ejecuta una hipoteca la ciudadanía se encuentra en muchas ocasiones con que la deuda la está reclamando el banco y a lo mejor ya no es el titular del préstamo”, ha explicado.
Con la finalidad de garantizar la protección de los consumidores que adquieren productos o contratan servicios a distancia, a través de internet o fuera de las tiendas donde normalmente se venden, el texto presentado por la formación morada refuerza los requisitos de información que los consumidores han de recibir antes de proceder a la compra o contratación: descripción exacta del producto , a quién se lo está comprando, quién lo ha fabricado, el precio final (incluyendo los gastos de envío, muy habituales en Canarias) y formas de pago
La formación morada recuerda que la Constitución establece en su artículo 51 que corresponde a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos y que en Canarias es el artículo 31.2 del Estatuto el que atribuye la competencia exclusiva en materia de defensa del consumidor y usuario.
Al respecto, la diputada Concepción Monzón ha recordado que como las competencias en defensa de los consumidores no solo recaen en esta Consejería, y existen en la Comunidad Autónoma otros servicios de inspección destinados a defender los derechos de los consumidores y consumidoras, “con gran descoordinación y conflictos de competencia entre ellos”, además hay que “repensar las estructuras existentes y crear equipos multidisciplinares que permitan garantizar la defensa de los derechos de usuarias y usuarios y que se hagan más eficientes y eficaces las labores inspectoras en todas la islas”.
Por último, ha incidido en que ésta es la séptima proposición de ley que la formación morada presenta en esta Legislatura y que, como el resto, “recoge una gran cantidad de demandas que asociaciones y colectivos de consumidores nos han trasladado” para actualizar la legislación en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias en el Archipiélago.
“La actual Ley es del año 2003 y durante sus 15 años de vigencia los sucesivos gobiernos de Canarias no han sido capaces ni siquiera de aprobar el reglamento que la desarrolle”, ha concluido.
