El ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, confirmó ayer que la desescalada no comenzará hoy en Canarias, congelando así la propuesta del Gobierno regional y condicionando la aplicación de cualquier iniciativa en el país a lo que determine el Ejecutivo central, cuyo Consejo de Ministros conocerá mañana el Plan de Desescalada de Transición que presentará el presidente, Pedro Sánchez. En respuesta a una pregunta formulada por LA PROVINCIA, en su comparecencia pública de ayer aseguró que "el martes se comenzará a evaluar qué partes del territorio de comunidades autónomas cumplen los requisitos para empezar esa fase de transición".
En consonancia con lo que viene señalando desde hace una semana, el ministro incidió en que previamente habrá que determinar el nivel de capacidad asistencial, de la vigilancia epidemiológica, de los mecanismos de identificación y tratamiento precoz de nuevos casos, así como de las medidas de protección colectiva. Aspectos que serán evaluados -cuantitativa y cualitativamente, dijo- por el Ministerio de Sanidad hoy, si bien Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, entregaron ayer el informe 'Recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición' al titular del Ejecutivo.
"Gradual, coordinada, asimétrica y con mucha prudencia" volvieron a ser los términos que empleó el ministro para definir cómo será el proceso de desconfinamiento, antes de reconocer que los datos que se obtienen en Canarias de la evolución de la pandemia "son buenos", aunque su conclusión fue contundente. "No le perdamos el respeto al virus".
Además, Illa anunció que las personas mayores podrán pasear a partir del sábado, siempre que los datos de la pandemia evolucionen bien. Al tiempo, dio por hecho que el Gobierno pedirá una ampliación de la prórroga del estado de alarma más allá del 10 de mayo. De hacerse realidad, la nueva prórroga sería la cuarta que el Ejecutivo solicitaría al Congreso y, de salir delante, supondría que España superaría los dos meses en estado de alarma.
Con el ministro coincidió ayer la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, al aludir a la bondad de las cifras que registra la evolución de la crisis sanitaria en el Archipiélago. A su juicio, no sólo son buenos datos epidemiológicos, sino "fantásticos" y atribuyó ese hecho al "cierre de sus puertas a la movilidad", cercenando así una vía para el tránsito del virus.
Siendo este un hecho valorado como "fundamental" por la también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ribera se mostró preocupada por la reactivación del turismo y puso en valor el trabajo de las patronales del sector y subsectores vinculados a la actividad y del Ministerio que dirige Reyes Maroto con el propósito de definir y pautar el llamado "turismo seguro".
Advirtiendo de que la seguridad no sólo implica al visitante y a todos los implicados en las distintas facetas del sector, sino también a la población, la vicepresidenta anunció que la intención del Gobierno es ir "liberalizando" todas las actividades relacionadas con el turismo de manera gradual porque es "absolutamente fundamental" para España por su peso en el PIB y en el empleo.
Críticas de otras comunidades
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el lendakari, Íñigo Urkullu, volvieron a ser la punta de lanza de las críticas a la gestión de la crisis del Covid-19, que tacharon de "centralista". Por su parte, los presidentes autonómicos del PP, con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, reclamaron que el debate político de la pandemia se sustancie en el Senado.
Además, el aragonés Javier Lambán (PSOE) propuso que los municipios de menos de 5.000 habitantes sean los primeros en la desescalada y el cántabro Miguel Ángel Revilla reclamó que se abran más actividades económicas y comerciales, como librerías y tiendas de ropa. Finalmente, el asturiano Adrián Barbón reclamó controles "más contundentes" en las residencias de mayores "que en Asturias ya se hacen".
