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El Gobierno redistribuye y moviliza a los funcionarios por los fondos europeos

El decreto ley que ultima el Ejecutivo modifica la normativa para contratar personal

y cambia funciones de los empleados | La mayoría de los sindicatos rechaza el texto

El Gobierno regional ultima una amplia remodelación administrativa y de personal ante la llegada de los fondos europeos de recuperación (Next Generation EU). Sin embargo todos los sindicatos, menos uno, con representación en la función pública autonómica se opusieron ayer al decreto ley que prepara el Ejecutivo para agilizar la gestión de estos fondos. El texto modifica varias leyes y normativas para dar luz verde a la redistribución y reasignación de efectivos, la atribución temporal de funciones y la movilidad funcional. Asimismo, faculta a los departamentos responsables de la gestión de los fondos a contratar a personal temporal e interino donde sea necesario para sacar adelante proyectos y expedientes.

En el borrador que presentó ayer el Ejecutivo a las centrales sindicales en la mesa de negociación se crean nuevos órganos de supervisión y control bajo el mando de la Consejería de Hacienda, se ponen en marcha nuevas unidades administrativas de carácter provisional y se realiza una reordenación de puestos de trabajo y funciones que ha generado desconfianza entre los sindicatos ya que consideran que se impone la “discrecionalidad” y una modificación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos sin previo aviso y sin negociación.

Se crean nuevas unidades y órganos de control para agilizar los planes y proyectos

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Según lo recogido en el borrador del decreto ley, los órganos competentes en materia de recursos humanos y la Dirección General de Planificación y Presupuesto darán prioridad a la tramitación de las autorizaciones de contratos de duración determinada y nombramiento de personal estatutario temporal y personal funcionario interino en el marco de los planes de gestión de fondos europeos. Un escenario coyuntural para hacer frente a la situación para la que no está preparada la Administración autonómica y que el Ejecutivo intenta resolver con una movilidad interna entre departamentos que lleva más de una década paralizada, una modificación de los cometidos de los funcionarios para dedicarse a tramitar los proyectos y expedientes vinculados con los fondos europeos y la habilitación de presupuesto para este fin, modificando incluso algunos preceptos de las cuentas autonómicas.

El cuatripartito crea la Comisión de reactivación económica y social de Canarias para la dirección y supervisión de los planes y proyectos financiados con los fondos Next Generation EU, mientras que para coordinación de los mismos se crea un Consejo de coordinación dirigido por la Consejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos y presidida por el vicepresidente y titular del área, Román Rodríguez. En materia de personal se faculta a la Dirección General de Función Pública a adoptar las acciones necesarias para optimizar la gestión de los fondos e incluso en su seno se crean dos nuevas subdirecciones.

Se modifica el sistema de acceso a la Administración para los puestos de nueva creación

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Los sindicatos Sepca, Intersindical, CCOO y UGT se opusieron al decreto y solo CSIF mostró su posición favorable al mismo. Entre las cuestiones medulares que critican las centrales sindicales es que se cambian varios preceptos de la Ley de Función Pública que modifican el sistema de acceso a la Administración y los criterios para la entrada de nuevo personal. Por ejemplo, para puestos singularizados ejercidos por funcionarios de carrera solo hará falta el concurso de méritos y no el concurso oposición.

En la selección del personal estatutario temporal para la finalidad prevista en el decreto ley se sujetará a criterios de idoneidad, pudiendo efectuarse convocatorias específicas con independencia de las listas de empleo, mediante procedimientos ágiles que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia. Los sindicatos denuncian que personal sanitario del Servicio Canario de Salud puede ser adscrito a órganos centrales y administrativos si hiciera falta.

La previsión del Ejecutivo es llevar la aprobación del decreto ley al Consejo de Gobierno esta semana o, en todo caso, la próxima.

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